El Partido Acción Nacional revive la carrera política del “cerebro” de los llamados “moches”, Luis Alberto Villarreal, quien competirá por la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Villarreal, extorsionaba a alcaldes desde la Cámara de Diputados para que le dieran una parte del presupuesto asignado a los ayuntamientos, también es famoso por haber participado en una fiesta con prostitutas en una reunión plenaria del PAN en Puerto Vallarta.
A pesar de que el pasado 12 de febrero se inscribió como precandidato a diputado federal por el distrito II, que abarca tanto San Miguel de Allende, como San José Iturbide, Comonfort y una parte de Celaya, fuentes del partido señalaron al diario La Razón que la dirigencia nacional le informó a Luis Alberto que el candidato presidencial, Ricardo Anaya, no lo quería tener en San Lázaro.
La solución fue quitar a su hermano Ricardo Villarreal de la alcaldía de San Miguel de Allende, donde se pretendía reelegir y mandarlo a competir por la curul que buscaba Luis Alberto.
En conferencia de prensa Ricardo Villarreal lo confirmó: “Yo estaba contento con el trabajo que estaba realizando en el municipio, pues hemos hecho obras importantes de mucho beneficio para la población, por eso buscaba la reelección; sin embargo, lo hago para atender una invitación del candidato presidencial, Ricardo Anaya, y del dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, para unirme a la campaña como candidato a diputado federal por el distrito II de Guanajuato”.
En cuanto a los llamados moches, se denunció que Luis Alberto Villarreal y legisladores cercanos a él cobraban jugosas cantidades a alcaldes en los estados a cambio de la entrega de recursos públicos. Un ejemplo fue el del ex edil de Celaya, Guanajuato, Ismael Pérez Ordaz, a quien en 2012 le exigieron el pago de una comisión del 35 por ciento a cambio de 160 millones de recursos para su alcaldía, mismos que serían utilizados para obras de pavimentación.
Sin embargo, “los moches” no son exclusivos del PAN y menos de Ricardo Anaya. Esa práctica la llevan a cabo todos los partidos, en montos determinados por el número de diputados de cada partido.
La mayoría de estos recursos son destinados a obras en municipios que diputados y alcaldes solicitan y que se llevan a cabo a través de empresas fantasmas, propiedad de amigos o socios.
Según testimonios de diputados, alcaldes y gobernadores del PAN, en el CEN partidista les piden entre 17 y 20 por ciento de comisión por “el palomeo” de recursos, al tiempo que las obras son asignadas a contratistas que determina la dirigencia nacional del partido.
Cuando fue dirigente del PAN, Ricardo Anaya obtuvo recursos a través de este formato. Resulta que la dirigencia del PAN mantenía el control de la partida del “Ramo 23” —de más de 2 mil millones de pesos—, mientras que alcaldes y diputados debían pasar a las oficinas de la colonia del Valle para negociar la asignación de ese dinero.
