A través de una investigación, la organización TOJIL reveló que un funcionario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está involucrado en una mega red de corrupción, la cual es liderada por una empresa fantasma que supuestamente provee equipo médico y de laboratorio. Dicha empresa ha recibido contratos millonarios del sector salud y del propio IPN.
El funcionario involucrado en este caso es Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del IPN, sin embargo, dentro de esta investigación también destaca la mención de Marco Urbina, vocero de de la institución educativa.
Ambos están vinculados con una gigante red de empresas lideradas por Interacción Biomédica SA de CV, empresa que fue contratada por el ISSSTE e incluso por las Fuerzas Armadas.
Aunque esta es la empresa líder, se reporta que existen otras 84 empresas que se conectan entre sí gracias a que comparten socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras.
Todos los datos de dichas empresas se relacionan directamente con el funcionario del IPN, pues entre los nombres de apoderados y socios destacan su esposa, familiares cercanos e incluso colegas de su trabajo.
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Esta investigación señala que de estas 84 empresas, 9 son declaradas como fantasma por el SAT, mientras que 6 no cuentan con un domicilio fiscal identificable. De igual manera se reporta que dos empresas ya están inhabilitadas, mientras que 28 se relacionan de manera directa con Biomédica.
Esta red de empresas ha logrado obtener más de tres mil 300 millones de pesos del gobierno desde 2018, a través de contratos con el ISSSTE. En ese tiempo, Tapia Santoyo trabajaba como empelado del Departamento de Mantenimiento y Contrataciones de un hospital.
El destape de esta red de empresas corruptas se dio a conocer gracias a que fueron denunciados por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y por la Secretaría de la Función Pública. Tras esto, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta en contra del funcionario del IPN y de sus cercanos por el delito de actos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Después de verse involucrados en este escándalo de corrupción, Tapia Santoyo y su familia han tramitado nueve amparos para conocer los expedientes de investigación del caso y para evitar que se giren órdenes de aprehensión en su contra, así como frenar investigaciones patrimoniales y otros procedimientos administrativos.
Con información de Político MX y TOJIL
