La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, en compañía de familiares, realizaron por primera vez diligencias en la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, a fin de esclarecer el paradero de 36 personas reportadas como desaparecidas entre febrero y mayo de este año.
Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que a fin de obtener mayores indicios que permitan el esclarecimiento de los hechos, y con el apoyo de la Coordinación de Servicios Periciales, se realizaron inspecciones a vehículos, armamento, y radios de comunicación de uso de la Marina.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, señaló que acompañados por elementos del Estado, el personal de la Fiscalía de Investigación y familiares de las víctimas, ingresaron a la bodega habilitada como base de operaciones en Arteaga y Leona Vicario.
Lo anterior, en respuesta a la impugnación concedida por un juez de control de Reynosa, ante la negativa de la Fiscalía Especializada para permitirles el ingreso, la cual argumentó que “medidas de seguridad” del personal de la Marina, y luego de que los familiares de las víctimas señalaran que desde la llegada de los marinos a la región, así como los operativos implementados, se desconoce el paradero de sus parientes.
Zeid Ra´Ad Al Hussein, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya había denunciado en mayo pasado, la ola de desapariciones forzadas, y de las cuales había indicios que señalaban que habrían sido cometidas por fuerzas federales de seguridad.
Mientras que, el activista Raymundo Ramos ya había denunciado, que él y su familia
víctimas de amenazas, por su colaboración en la búsqueda de los desaparecidos, e incluso señaló que está cifra había llegado a 51 personas de las que aún no se sabe nada.
