Desde hace días –gracias a la divulgación de un video en que militares y policías federales torturan a una presunta secuestradora–, los reclamos en contra de las prácticas de tortura volvieron al espectro mediático.
Sobre el tema es importante hacer algunas precisiones:
La primera. Que la autoridad ha sabido reaccionar ante el escándalo y, durante años, ha detectado y sancionado los casos de tortura. Desde 2011 –por ejemplo–, se ha procesado a más de 500 elementos de la secretaría de Defensa Nacional por participar en casos de tortura.
La segunda. Que parece existir una intención política detrás de las filtraciones de casos de tortura. Acaso por eso, el video de los militares torturando a la presunta secuestradora llegó a los medios de comunicación a pesar de que era un elemento en la carpeta de investigación de la PGR; acaso por eso, comenzó a circular la versión del “Marino Loko”, un supuesto elemento de la Marina Armada de México que humillaría a los capos de la droga que captura y que hoy sabemos, es un desertor de la Marina y trabaja para los criminales; y acaso por eso, también crece con fuerza la historia de elementos de la PGR que habrían tendido una trampa a presuntas turistas suramericanas, a quienes trataron de hacer ver como prostitutas.
Y la tercera. Que, como ya hemos dicho, durante años, la tortura fue una de las reglas no escritas en las investigaciones y el armado de carpetas del poder judicial.
A propósito de este asunto, en entrevista para La Otra Opinión, el Doctor José Fernández Santillán negó que la tortura sea una práctica sistemática y generalizada. Además celebró la reacción institucional ante esta problemática.
Según Fernández, en los tiempos de Díaz Ordaz –e incluso en los sexenios subsecuentes–, habría sido impensable que los casos de tortura se hicieran públicos y los representantes del gobierno ofrecieran disculpas a la sociedad.
Por lo anterior, Fernández considera un triunfo que el gobierno federal adopte el tema de la tortura como una política pública –y de Estado–, a la que no se ignora sino se enfrenta, se asume y se pretende erradicar.
En el otro extremo, Fernández Santillán reprobó a los vivales que se aprovechan de la mala reputación de algunas instituciones del Estado y convierten a la defensa de derechos humanos en instrumento para evitar que los criminales purguen sus condenas.
Es decir, que el ejercicio de los derechos humanos en México fallan en sus consecuencias, no en los principios.
José Fernández Santillán urgió a realizar un ajuste en la forma de aplicar la justicia en el país; después de todo, la PGR cumple con su trabajo, la opinión pública está atenta y es crítica de los excesos y existen las evidencias que demuestran que la tortura no es sistemática y tampoco generalizada en México.
Las fallas, sin embargo, se encuentran en quienes dicen defender los derechos humanos pero, en realidad, los utilizan como pretexto para cumplir proyectos y venganzas políticas. El mejor caso lo encontramos en el Grupo de Expertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a México para, supuestamente, coadyuvar en las investigaciones del caso Iguala.
Finalmente, Fernández Santillán recordó que así como el Estado se disculpó por los errores de sus funcionarios, corresponde a quienes usan los derechos humanos para excarcelar a criminales, ofrecer una disculpa a las víctimas.
