Pese a que la ley prohíbe las campañas anticipadas como las que ya realizan las “corcholatas” de Morena, así como los aspirantes del Frente Amplio por México (FAM), ninguno de ellos perdería el registro como candidato presidencial debido a que la ley electoral es permisible para ellos y sus partidos.
Así lo aseguraron especialista en temas electorales quienes explicaron que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un capítulo de pérdida de registro para aspirantes a cargos públicos en caso de cometer actos anticipados de precampaña, obtener una ventaja indebida, hacer llamados al voto o encabezar reuniones públicas, aparecer en espectaculares, promocionales en radio y televisión, o recibir el apoyo de ciertos grupos fuera de los tiempos que marca la ley.
Sin embargo, ambos coincidieron en que esto es “letra muerta”.
Morena y oposición optaron por la ley del talión
Eric Guerrero Luna, abogado experto en derecho electoral, advirtió que, pese a estar en franca violación a la ley por realizar giras o “asambleas informativas”, ninguno de los aspirantes presidenciales perdería el registro en caso de ser elegidos candidatos de sus coaliciones por la presidencia.
Un primer motivo, dijo, es porque “si nos vamos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones pueden ir desde la amonestación pública, multa económica o la pérdida del registro de la candidatura, pero ese tema es debatible porque el derecho a ser votado es un derecho humano y no se puede eliminar si está expresamente en la ley”.
Un segundo motivo, expuso, es porque si bien la ley ordena a los partidos y precandidatos presentar un informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), este puede ser presentado en ceros, aun cuando hayan realizado gastos.
Dijo que, en todo caso, los aspirantes que resulten electos candidatos presidenciales de sus partidos, terminarán con una sanción económica o amonestación.
“Pero no veo que se aplique la pérdida de registro de candidaturas. Los partidos pueden llegar con un informe en ceros y decir: yo no gasté. Así, mientras se entregue el informe, queda a salvo el efecto jurídico. Y la consecuencia será que se le imponga un numeral de multa por gasto no reportado y que se vaya al 200% del monto involucrado. Si el INE detectó que gastaron 100 millones de pesos, no se reportó, sanciona al partido por 200 millones de pesos”, expuso.
Por su parte, Jorge Aljovín Navarro, experto en temas electorales, constitucionales y parlamentarios, consideró improbable que se declare la negativa de registro para algún aspirante.
Sin embargo, advirtió que, debido a que las dos coaliciones políticas cometen la misma práctica de actos anticipados, el Frente Amplio por México (FAM), conformado por el PAN, PRI y PRD, tiene las mayores desventajas.
“Los escenarios que se me están prefigurando para ambos, es que finalmente la oposición ha perdido la oportunidad, en dado caso de un resultado negativo (en la elección presidencial del 4 de junio del 2024), de reclamar en el Tribunal la nulidad de la elección”, advirtió.
Y añadió: “Lo que nos encontramos es que ambas opciones políticas optaron por la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Si en un inicio el oficialismo estaba jugando el partido con 12 jugadores, la oposición optó también por entrar al partido con 12 jugadores y pelear palmo a palmo una ilegalidad con otra ilegalidad”.
INE y TEPJF muestran una debilidad institucional
Por otro lado, ambos observaron debilidad en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a falta de leyes y criterios para normar las campañas anticipadas a la presidencia de la República, tanto de Morena como del Frente Opositor.
“Se está perfilando que el Tribunal, ante la ausencia de leyes, prefirió no entrarle al asunto y dejar que libremente, tanto oficialismo como oposición, puedan hacer sus campañas de manera anticipada, aún cuando estas oficialmente inician en el en el mes de noviembre”, mencionaron.
Y añaden: “Lo que estamos viendo es que el INE y el Tribunal al final del día muestran una debilidad institucional, desde el plan B, en su momento de los embates del gobierno federal en contra del INE. Al final, el Tribunal y el INE no pueden tomar decisiones porque saben que se enfrentarán con el poder presidencial y que tarde o temprano les pasará una aplanadora delante de ellos, y por lo tanto no pueden hacer más”.
Con información de Latinus
MSA
