A unos meses de terminar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado lunes 5 de febrero al Congreso de la Unión un paquete que contiene sus últimas 20 reformas constitucionales, entre las que destacan:
1.- Cambios al sistema de pensiones.
2.- Aumento del salario mínimo por encima de la inflación anual.
3.- Elección de jueces y de consejeros del árbitro electoral por voto popular.
4.- Eliminación de los organismos autónomos y reguladores.
5.- Reducción de miembros del Congreso.
Sin embargo, analistas y especialistas políticos coincidieron en que con dichas iniciativas el mandatario tabasqueño quiere consolidar su legado, encumbrar a los candidatos de Morena para las elecciones del próximo domingo 2 junio y poner contra las cuerdas a sus opositores.
Si bien, consideraron que se requieren reformas sociales para garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución.
Sin embargo, aclararon que este paquete de reformas de López Obrador tienen una finalidad más política rumbo a los próximos comicios presidenciales.
Asimismo, cuestionaron de dónde saldrán los recursos para implementar estas reformas, en caso de ser aprobadas.
“La mayoría de las reformas tienen un punto de interés político”
“Este paquete legislativo busca consolidar su legado cambiando muchas de las instituciones establecidas desde la década de 1980 que, según él, fueron diseñadas para beneficiar intereses particulares”, opinó Daniel Kerner, de la consultora Eurasia.
Y agregó: “Si bien López Obrador sabe que la mayoría de sus propuestas no lograrán la aprobación antes de las elecciones, espera que den forma a la agenda de la próxima administración. El presidente siempre ha estado preocupado por mantener su legado”.
Por su parte, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, recordó que la coalición oficialista (Morena-PT-PVEM) no cuenta con los votos suficientes para pasar estas reformas, sin embargo, es un tema del que ya está consciente AMLO.
“Lo que busca es discutir estos temas para obtener reflectores y réditos políticos al proponer reformas financieramente inviables que la oposición rechace. También es una manera de marcar la agenda de su posible predecesora”, aseguró.
Como ejemplo, criticó la reforma de pensiones al asegurar que no “tiene viabilidad financiera”.
Sobre ello coincidió Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al explicar que, desde un punto de vista económico, hay varias propuestas que llaman la atención por la dificultad con la que lograrían llevarse a cabo.
“Por ejemplo, con la iniciativa que aborda el uso de las vías férreas para transporte de pasajeros, significará un cambio mayúsculo para la industria, debido a la forma en la que están estructuradas las concesiones en el sector ferroviario, el presidente debe entender la manera en la que estas iniciativas impactarán a los mercados y la forma en la que operan”, dijo.
Consideró que la mayoría de las iniciativas tienen un punto de interés político, ya que el objetivo del presidente consiste en tener un control muy riguroso de la agenda legislativa y de cara a las próximas elecciones.
“El involucramiento de la oposición será clave para que las iniciativas puedan ser aprobadas en este periodo, pero difícilmente veremos una aprobación de una reforma constitucional si esta contraviene los derechos de los trabajadores o afecta económicamente a las personas, será difícil que en un proceso electoral como el que tenemos, la oposición respalde estas modificaciones”, apuntó.
En este sentido, señaló que económicamente, hay algunas propuestas que prenden algunas ‘alarmas’, como la de ligar el salario mínimo o las pensiones contributivas a la inflación.
“Esa propuesta puede generar complicaciones en el entorno macroeconómico, porque podrían ocasionar problemas de cómo se comportan los precios, así como como generar conflictos en el proceso de formación de empresas en la economía”, apuntó.
“No hay dinero para fondear reformar con tintes electoreros”
Por su parte, Mario Di Costanzo, consultor financiero y expresidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aseguró que la reforma de pensiones no es una iniciativa que mejore la pensión de todos los futuros pensionados.
“Esto hay que dejarlo muy claro, el beneficio de la pensión con el 100% de su ingreso se limita únicamente a los trabajadores que perciben un sueldo de menos o hasta 16 mil 777 pesos, que es el salario promedio de cotización”, expuso.
Advirtió que en la propuesta del ejecutivo no hay fuentes de fondeo certeras: “No alcanzan a fondear las reformas que se vienen en los próximos días”.
Por último, acusó que las reformas presentadas tienen un “tinte electorero”.
“Son iniciativas que les falta mucha claridad, mucha técnica. No viene establecido el impacto presupuestario. Son electoreras, tienen poca credibilidad. Son muy limitadas en cuanto a los trabajadores que se pudieran beneficiar de esto”, dijo.
Al respecto, Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, expuso que “el aumento del salario mínimo sí tendría que ser de acuerdo a la inflación, pero no más allá de eso, debido a que ya se les está terminando el espacio para hacer los aumentos bien grandotes que se han hecho los últimos años”.
Advirtió que los aumentos pueden tener un impacto inflacionario.
“Todo debería estar alineado a aumentos a la inflación, precisamente para no perder el poder adquisitivo”, recomendó.
Víctor Ayala, del IMCO, añadió que la propuesta de emplear al menos un año en el sector público a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan involucran un uso cuantioso de recursos públicos, y la parte más ausente del discurso es la interrogante acerca “de qué manera está pensando el presidente que se van a fondear todas estas actividades”.
Con información de El Financiero y Forbes México
MSA
