El pasado miércoles 1 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió al Senado de la República una iniciativa para cambiar su nombre a “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
“Se presentó una iniciativa (…) no para atender únicamente a los pobres como equivocadamente se ha señalado, sino (…) para reafirma su autonomía y potenciar los alcances de esa misión, de manera que se observe íntegramente el mandato que desde 2011 otorga nuestra Constitución Política al Estado mexicano y a todas sus autoridades”, señala la Comisión en un comunicado.
Se propone que nuevo titular sea designado por el pueblo
Propone reformar el artículo 102 de la Constitución Política y varios artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de conciliarlos con el artículo 1º de la Ley Suprema para crear esta Defensoría en sustitución de la CNDH.
Menciona que esta iniciativa no es producto de un trabajo de gabinete ni de académicos ni juristas, sino de las personas que se acercan a la CNDH en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones de derechos humanos.
Entre los principales cambios es que el titular de este organismo será elegido por “el pueblo”, cuando, actualmente, el Senado elige al titular de la CNDH.
Rosario Piedra, presidenta de este organismo, aseguró que la CNDH ha sido de lo más costoso y afrentoso para los mexicanos, pues implica “el fracaso del Estado para señalar, detener, impedir o castigar los abusos a los derechos humanos realizados por agentes de entidades gubernamentales, como el homicidio, la tortura, desapariciones forzadas, agresiones de migrantes, mujeres, homosexuales y transexuales y periodistas, entre otros”.
Aseveró que la dispendiosa estructura burocrática de la CNDH no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas ni se ha conducido con transparencia. Y esta inutilidad, aseguró, no tiene sólo que ver con sus titulares o su personal, no es un problema sólo de personas, porque sería injusto y poco serio concluir que todo se hizo mal.
“El problema es estructural y de la visión con la que se concibió a la Comisión en los gobiernos neoliberales, un escaparate para el consumo del extranjero, para dar una imagen de derechos humanos favorable al gobierno”, justificó.
Atendiendo el clamor de las víctimas y para dar cumplimiento al Artículo 1o de nuestra #Constitución, presentamos iniciativa para transformarnos en Defensoría Nacional de los #Derechos del Pueblo.
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— CNDH en México (@CNDH) January 30, 2023
Es un distractor y no se buscan cambios de fondo
Sin embargo, esta propuesta para transformar esta institución autónoma en una defensoría del pueblo, resultó sorpresiva para los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que ven a Piedra Ibarra como una “incondicional” del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, por ello, ha omitido su responsabilidad de fiscalizar las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación.
En ese sentido, expertos en materia de derechos humanos expresaron su preocupación por esta propuesta, pues recordaron que la CNDH no tiene facultades para proponer modificaciones legislativas.
Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que ue la CNDH no necesita ser sometida a una reforma para convertirse en uno de los actores más importantes en la defensa y promoción de los derechos humanos en México.
La institución, señala, “ha dejado mucho que desear en el cumplimiento de su misión y esto no se debe a una falta de atribuciones legales, sino a que quienes podrían ejercerlas no lo han hecho al máximo”.
Y apunta a Piedra Ibarra: “En vez de dedicarse a vigilar y fiscalizar las acciones del gobierno federal, la actual presidenta de la CNDH ha utilizado su papel para fines políticos, lo que le ha hecho mucho daño a la institución”.
Por su parte, Tyler Mattiace, delegado para México y Centroamérica de HRW, dijo que la propuesta de Piedra Ibarra para cambiar de nombre a la CNDH “parece un distractor” porque no apunta una reforma estructural.
Más bien, dice Mattiace a este semanario, la iniciativa sigue el patrón de la 4T de “borrar todo que pasó antes” de la llegada de López Obrador al poder, pero sin modificaciones de fondo, sólo “cambiando el nombre y el lenguaje”.
Por ejemplo, la iniciativa habla de “recursos de exigibilidad de derechos”, que parece la nueva manera en que se llamará a las quejas y recomendaciones emitidas por la actual CNDH.
En ese sentido, aseguró, un objetivo de la propuesta de Piedra Ibarra sería “alinear la CNDH con la narrativa oficial; un cambio de narrativa y de nombre, sin modificaciones operacionales o estructurales”.
El investigador de HRW sostiene que la pretensión de dar facultades a la eventual defensoría del pueblo para ocuparse de temas electorales “es muy preocupante”.
Eso, asegura, porque se inscribe en un contexto en el que López Obrador “ha estado buscando de muchas maneras debilitar la independencia del sistema electoral” de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
En la iniciativa, Piedra Ibarra también expone razones administrativas, al estilo 4T, para justificar los cambios. Entre ellas, que “los órganos autónomos en el neoliberalismo” son “costosísimos aparatos burocráticos”.
Venezolización de la CNDH
La Defensoría del Pueblo de Venezuela es una institución estatal de defensa de los derechos humanos surgida del proceso constituyente de 1999 que lideró el entonces presidente Hugo Chávez, cuya narrativa revolucionaria, transformadora y refundacional permeó hasta el nombre de las instituciones.
Todas las secretarías de Estado del país están precedidas de la denominación de “Ministerio del Poder Popular”. El ministerio del Medio Ambiente se llama ahora Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.
La abogada y defensora de los derechos humanos en Venezuela, Rocío San Miguel, dice que la denominación Defensoría “del Pueblo” se alinea muy bien con el discurso chavista, que el presidente Nicolás Maduro mantiene, y en el que se abusa de la palabra ‘pueblo’ porque ‘pueblo’ se usa como masa para invisibilizar al ciudadano que, en su individualidad, exige derechos.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien ha criticado el proceso de militarización que vive México con López Obrador y lo equipara con el que ha ocurrido en Venezuela, sostiene que el cambio de denominación que propone Piedra Ibarra para la CNDH con argumentos como que hay que superar “el esquema neoliberal que heredamos”, tienen también “un paralelismo inequívoco con la situación venezolana”.
El objetivo de ese tipo de iniciativas, asegura, “no es garantizar el respeto a los derechos humanos ni la eficiencia ni la rendición de cuentas”, sino “ideologizar las instituciones para asimilarlas a un proyecto político”.
Dice que la Defensoría del Pueblo de Venezuela tiene autonomía por mandato constitucional “pero en la práctica esto es falso porque el defensor del pueblo es un funcionario completamente plegado al Ejecutivo nacional y la institución ha quedado como un apéndice del presidente”, al que avala cualquier política o acción violatoria de los derechos humanos.
Señala que ante esa situación “el nombre o los cambios de nombre de las instituciones no son garantía absolutamente de nada”, pero sirven “para hacer parecer que un régimen está acabando con el pasado que critica”.
Con información de Forbes México, Enfoque Noticias y Proceso
MSA
