Esta semana, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó un acuerdo el cual establece la integración de un comité que evalúe las solicitudes de preliberación de sentenciados e identificar casos de personas en prisión preventiva y aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
Dicho comité estará integrado por servidores de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Estas autoridades analizarán las bases de datos de personas privadas de la libertad, que sean adultas mayores y que cuenten con sentencia ejecutoriada, a fin de verificar si cumplen con los requisitos previstos en la ley de la materia, para obtener su preliberación.
Sin embargo, distintas especialistas señalan que este proyecto no plantea soluciones, redunda en disposiciones legales que ya existen, y repite fallas que se han presentado con otras disposiciones como la Ley de Amnistía.
De acuerdo con especialistas consultados por Animal Político, este acuerdo es positivo ya que se reconoce que hay un problema en el abuso de la prisión preventiva y hacinamiento en los centros penitenciarios.
Sin embargo, advierte es que dicho comité que se encargará de recibir los casos y analizarlos puede sobresaturarse si no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para hacer esta tarea.
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Una situación que ya ocurrió con la Comisión de Amnistía la cual, tras más de un año de que se instaló, apenas ha sesionado en cuatro ocasiones.
“Este decreto no es más que la reiteración de lo que ya se encontraba en la ley con el plus de incentivar a que una autoridad administrativa, en este caso la Segob o la Secretaría de Seguridad y los sistemas penitenciarios tengan la posibilidad de proactivamente identificar casos y comunicarlos a las defensorías y a los poderes judiciales (…) pero hay muchos retos que hay que sortear para que efectivamente se pueda impactar a las personas privadas de su libertad”, dijo Viridiana Valgañón, abogada de la organización Equis Justicia.
En ese sentido, apuntan que no incluye instrucciones para que se le proporcione al comité que revisará las posibles liberaciones de algún tipo de patrimonio propio.
Por su parte, Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta, mencionó que el acuerdo redunda sobre disposiciones que en realidad ya existen en las leyes, pero que por diversas razones ha sido complicado que se apliquen con la velocidad que se requiere.
“Leyendo el acuerdo, no veo cómo va a tener el alcance que se presumió. Ello por distintas trabas: se limita a lo federal y se limita a supuestos ya establecidos en ley, que hacen para muchas personas difícil salir de prisión”, señaló.
Por último, alertaron que el acuerdo tampoco incluye algún tipo de mecanismo de transparencia que permita fiscalizar desde el Congreso o la ciudadanía el desempeño de este comité y las liberaciones que se vayan otorgando.
Con información de El Financiero y Animal Político
MSA
