La exmagistrada federal Martha Elizabeth Ibarra criticó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial al advertir que pondrá en grave riesgo el Estado de derecho en México.
“La elección de jueces no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia”
En un posicionamiento, la jurista rechazó la propuesta que jueces, ministros y magistrados sean electos por medio del voto popular -como lo plantea la iniciativa del mandatario tabasqueño- al enfatizar que lejos de democratizar el sistema de impartición de justicia, compromete la independencia de los juzgadores, lo que puede llevar a la politización del poder judicial donde los aspirantes a esos cargos se verán obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías para asegurar su elección, “lo que impactará en sus decisiones judiciales que estarán influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley”.
“De llevarse a cabo en esa forma, se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un Estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial. La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, manifestó.
Subrayó que la independencia judicial en México es esencial para la justicia y el mantenimiento del Estado de derecho.
“La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México”, apuntó.
Y agregó: “Aunque la democratización de la elección de jueces y magistrados puede parecer una forma de aumentar la participación ciudadana, compromete la imparcialidad y calidad de la justicia y aplicación del derecho”.
Recalcó que otro de los riesgos es al ser un sistema de elecciones populares, los candidatos a jueces podrían depender de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas, lo que condicionará su imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.
“Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, sostuvo.
“La neutralidad de los juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan certeza”
Por otro lado, Martha Elizabeth Ibarra resaltó que en países de primer mundo “ministros, jueces y magistrados tienen total independencia para ejercer sus funciones, sin que indebidamente interfieran otros poderes del estado, grupos políticos o influencias externas que pongan en riesgo la garantía de un juicio justo y equitativo”.
“Realmente en esas posiciones, necesitamos mujeres y hombres de gran valor moral, profesionales del derecho, con conocimiento y experiencia vasta para que los gobernados tengan la certeza jurídica de que en México los juzgadores cumplirán con los principios fundamentales que rigen la labor judicial en México: Independencia para juzgar, imparcialidad en sus fallos, objetividad y profesionalismo, para lo que se requiere de un riguroso proceso de exámenes de oposición diseñado para asegurar que quienes imparten justicia, lo hagan con la máxima profesionalidad y compromiso”, manifestó.
La jurista insistió en que de concretarse esta reforma se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial.
“La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, afirmó la jurista.
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En cambio, afirmó, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, lo cual “es un baluarte que no puede ni debe comprometerse”.
En este mismo contexto, la ex magistrada recalcó que con el sistema de elección que se propone, el poder judicial quedaría con una alta vulnerabilidad frente a la opinión pública pues los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia.
“La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto”, aseveró
Con información de López Dóriga Digital y La Crónica
MSA
