Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, fue quien señaló que el general Salvador Cienfuegos era protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H-2”.
De acuerdo con el Diario Reforma, estos señalamientos los hizo ante una Corte Federal de los Estados Unidos, en donde acepta la colaboración del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, con el H-2 a cambio de inmensas sumas de dinero.
En ese sentido, Veytia involucró al actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, con “El H-2” y nombró cuatro veces al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como protector de este narcotraficante.
“H2 le dijo a Veytia que el Padrino una vez pidió al H2 detener la violencia y el tráfico de drogas por unos días, porque había elecciones y Quirino no estaba bien en las encuestas. Veytia cree que el Padrino es probablemente un oficial militar de alto rango”, declaró Veytia el 20 y 21 de abril de 2017 en un interrogatorio en Brooklyn.
Además, el exfiscal de Nayarit advirtió que los vínculos que Patrón Sánchez logró con las autoridades mexicanas tuvieron su origen en Sinaloa, cuando Luis Ángel Fuentes Álvarez, suegro de Ordaz Coppel, era general de División.
De acuerdo con los informes, Salvador Cienfuegos, fue secretario de Fuentes Álvarez y supuestamente protegió al H-2, por lo que el cártel de los Beltrán Leyva fue uno de los menos perseguidos por las Fuerzas Armadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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“Cienfuegos fue secretario del suegro de Quirino. El suegro de Quirino es un general que tiene buena relación con el nuevo gobernador de Sinaloa. Cienfuegos recomendó a un nuevo general de Policía (…) que recientemente se retiró de Chiapas”, señaló.
En septiembre de 2019, en Estados Unidos, un juez condenó a Edgar Veytia a 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes.
Cabe recordar que Cienfuegos Zepeda fue detenido en octubre del 2020 en un aeropuerto de Los Ángeles, tras ser acusado de narcotráfico.
Tras ello, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al general mexicano de toda posible relación con un grupo criminal.
Además lo liberó del cargo de presunto enriquecimiento ilícito, lo que provocó una oleada de críticas y pronunciamientos de un supuesto “pacto de impunidad” tanto en la FGR como en el Gobierno de la 4T.
Con información de Noticias en la Mira y La Silla Rota
MSA
