No queda duda de que el fallido operativo de las Fuerzas Armadas de México el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, dejó muy mal parado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo a nivel nacional sino que en todo el mundo se habló de que militares fueron rebasados por el crimen organizado.
Entre los más críticos, y aprovechados, se encuentran los Estados Unidos quienes con su subsecretario de asuntos de narcotráfico, Rich Glenn, afirman que la política de seguridad implementada por la 4T debe ser reestructurada o, más bien, modificada de tal manera que emule lo que se realiza en el país anglosajón.
Ante dicha declaración, el tabasqueño no dudó en dejarle en claro a los funcionarios norteamericanos que deben preocuparse por sus asuntos internos y dejar a los demás países resolver sus problemáticas de manera autónoma.
Sin embargo, resulta muy poco creíble que Andrés Manuel haya desairado las exigencias de Glenn pues no hay que olvidar que con la amenaza de incrementar los aranceles a productos mexicanos exportados al país vecino doblegó al titular del Ejecutivo de tal manera que se planeó e implementó una estrategia antimigrantes en tan sólo tres meses.
Se reforzaron los requisitos para la entrada y salida de migrantes en las fronteras norte y sur, se llevó a un gran número de oficiales de la Guardia Nacional a resguardar las salidas, se hicieron importantes inversiones en El Salvador y Guatemala, así como acuerdos entre con los presidentes de éstos dos países.
Ahora sólo queda la cuestión será si el presidente mantiene su postura o terminará cediendo ante la presión del Gobierno estadounidense.
