Este martes en la Corte de Nueva York, y después de casi tres meses de juicio, el jurado por fin dio su veredicto y el juez declaró culpable a Joaquín “El Chapo” Guzmán, se espera que el próximo 25 de junio se le condene a cadena perpetua.
Dicho acto resultó ser muy emotivo para el gobierno de Estados Unidos, pues dieron “un duro golpe” al mundo del narcotráfico —aunque todavía hay mucho por hacer—. Sin embargo, el hecho de que, probablemente, El Chapo vaya a pasar el resto de su vida en una prisión de Colorado ameritó un reconocimiento.
Es de recordar que el capo fue capturado en el gobierno del ex presidente, Enrique Peña Nieto, posteriormente fue extraditado a la Unión Americana.
Por su parte, la Administración para Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) “celebraron” el veredicto, ya que desde su perspectiva éste evitará que más personas mueran a causa del narcotráfico y el consumo de la diferentes drogas que traficaba hacia el vecino del norte.
Pero en nuestro país sucede algo contrastante, pues el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que su estrategia de seguridad “no tiene como prioridad capturar a capos de la droga”, porque su intención es “erradicar la violencia, atendiendo las causas”.
Incluso, el pasado 30 de enero, AMLO declaró que la guerra (contra el narcotráfico) ya se había acabado, por eso ningún líder de la droga ha sido detenido desde el comienzo de la Cuarta Transformación.
“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos, lo que queremos es reducir la inseguridad atendiendo las causas”, señaló.
Queda claro que el político tabasqueño busca la “paz” del país por medio de la amnistía, pero durante este proceso parece que se olvida de la prevención y la justicia.
