Las grabaciones privadas del cártel Guerreros Unidos relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 están en el poder del gobierno. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este lunes que podrían ser difundidas.
“Vamos a ver porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como el debido pretexto para no dar información, para ocultar información”, dijo el mandatario.
“Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, incluso se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión”, argumentó.
Y reiteró que “si no hay problema con los padres, claro que se dan a conocer todas”.
López informó que se reunirá pronto con los padres de los jóvenes. Destacó que las grabaciones han servido para “fundar denuncias” contra presuntos responsables.
Reconoció que se pensaba que existían otras grabaciones, pero el gobierno estadounidense negó que hubiera más.
“Se suponía que faltaban porque habían clasificado grabación uno y dos. Luego nos mandaron la cinco y la seis. Entonces se preguntó qué pasaba con la tres y la cuatro y nos contestaron: no existen”, dijo.
Seguimiento en la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa
Tras la salida del denominado GIEI, los padres de los normalistas habían solicitado la presencia del presidente mexicano para detallar qué pasará con las investigaciones, pues existía la incertidumbre de que el caso quedara en el abandono.
Cabe señalar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes externó que su salida se debía a presuntas obstrucciones por parte de las Fuerzas Armadas en las investigaciones que estaban realizando.
En este sentido, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado”en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.
