El Estado es el nuevo propietario de la polémica nave industrial que el presidenciable Ricardo Anaya vendió al empresario Manuel Barreiro por medio de una opaca transacción con la que se habrían lavado casi 54 millones de pesos.
La confiscación fue ordenada por la Juez de Control de Querétaro, Nancy Olmos, luego de dar validez al acuerdo reparatorio entre la PGR y el chofer de Barreiro, Luis Alberto “N”, quien confesó la triangulación millonaria entre Anaya y Barreiro.
Dicho acuerdo reparatorio consistió en que, al declarar el hecho ilícito, Luis Alberto “N” sería liberado de cualquier acción penal por parte de la federación.
El abogado del confesante aseguró este martes ante los medios de comunicación que su defendido firmó documentos que estaban fuera de la norma sin saber de qué se trataban y como un mero favor especial para su patrón, Manuel Barreiro.
