La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) preparó en 2010 una operación para que el militar Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien fue escolta de presidente Andrés Manuel López Obrador durante su candidatura de 2006, aportara evidencia del financiamiento del narcotráfico a su campaña.
Sin embargo, esta fue detenida ante el riesgo significativo de repercusiones políticas.
Así lo aseguró el periodista estadounidense, Tim Golden, quien publicó un reportaje especial en la agencia independiente ProPublica, donde destacó la presunta conexión que tuvieron algunos narcotraficantes para financiar la campaña electoral del político tabasqueño en 2012.
El reportaje se sustenta en documentos inéditos del gobierno de Estados Unidos sobre la investigación de la DEA para conseguir pruebas que permitieran acusar al entonces candidato presidencial del PRD y a su equipo de campaña de recibir dinero de organizaciones criminales.
Pruebas eran insuficientes para acusar a AMLO
La DEA diseñó una operación en la que un agente encubierto, quien se haría pasar por un supuesto traficante, ofrecería millones de dólares a la campaña de López Obrador a cambio de una protección futura.
Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, la investigación nunca se concretó.
A fines de 2011, el Departamento de Justicia decidió clausurar el caso, en parte debido al escándalo generado por la fallida operación “Rápido y Furioso”, que ya había deteriorado las relaciones entre Estados Unidos y México.
La decisión de cerrar la investigación se basó en el riesgo significativo de repercusiones políticas. La potencial acusación contra López Obrador, un candidato presidencial influyente, habría podido desatar una crisis diplomática con México, complicando aún más la cooperación en temas de seguridad y migración.
Este es el reportaje de Tim Golden que hizo enfurecer a AMLO
Además, los documentos sugieren que la investigación estaba en una etapa temprana y las pruebas disponibles eran insuficientes para formular cargos contundentes.
Cabe recordar que “Rápido y Furioso” fue un operativo que se implementó entre 2006 y 20211, por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, en él se introdujeron más de 2 mil armas a México con un chip para vender a presuntos criminales y que pudieran entrar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear.
Según la información, la ATF permitió que 2 mil 500 armas pudieran adquirirse o comprarse de forma ilegal y transportadas a México, proceso que contribuyó a que los narcotraficantes fuertemente armados se enfrenten con autoridades por el control de las calles.
Con información de Latinus e Infobae
MSA
