Con la efervescencia de las actividades políticas de cara a la elección presidencial de 2024, expertos advierten que lamentablemente, las amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular podrían incrementar su incidencia para desincentivar o descartar la participación de algunos perfiles.
Aumenta violencia con procesos electorales
Armando Vargas, especialista en riesgos políticos de la consultora Integralia, indicó que usualmente aparece la violencia cuando la corrupción no funciona, pero en los últimos años indicó que la violencia se ha convertido en el dispositivo principal de imposición.
Explicó que los procesos electorales son momentos apropiados para fortalecer los acuerdos, para disputarlos y crear unos nuevos.
“Entonces, cuando hay procesos electorales, vemos un aumento de la incidencia de la violencia político electoral. Si el proceso se adelanta, es altamente probable que los actores comiencen a mover las fichas y surjan incidentes de violencia político electoral”, analizó.
Estrategia de seguridad no ha funcionado para erradicar violencia política
Los mecanismos de protección que ha implementado la autoridad han tenido pocos resultados.
Por ejemplo, en 2021, a tan solo tres meses de las elecciones intermedias, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia de protección en contexto electoral, como respuesta al reclamo social por diversos actos violentos.
A pesar de ello, durante el proceso electoral 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De estos, 64 por ciento aspiraban a ocupar presidencias municipales.
De acuerdo con Integralia, en el proceso electoral 2020-2021, se registraron 30 por ciento menos asesinatos de políticos que en el proceso electoral federal de 2017-2018, cuando se contabilizaron 200 homicidios.
Ataques de AMLO, otro factor a considerar
Con ese panorama, Germán Pérez Fernández del Castillo, académico y coordinador del seminario de estudios políticos y electorales de la UNAM, indicó que existe un genuino y justificado temor que en el proceso electoral 2024 se vuelven a presentar hechos de violencia.
Lo anterior, particularmente porque la incidencia ha sido reconocida en todo el mundo y no hubo consecuencias reales para los violadores de la ley.
Con el adelantamiento de las actividades políticas, consideró que los candidatos en el ámbito presidencial no tienen hasta ahora ese riesgo, sino que es algo más de territorio local.
Añadió que otro fenómeno que se debe tomar en cuenta en torno a la violencia política del país es que desde Palacio Nacional el presidente ataca a otros políticos e interviene en las elecciones.
“De alguna manera autoriza también a grupos, a ejercer esa misma tendencia”, comentó.
En ese sentido, destacó que no respetar la ley también puede considerarse violencia política, sobre todo porque se lacera la libertad y el funcionamiento de ciertos organismos relacionados con la democracia y la vida política del país.
Autoridades electorales deben exigir políticas públicas
Para Armando Vargas, las advertencias de este fenómeno han provenido de la sociedad civil. Tanto de organizaciones como empresas que han hecho los pronunciamientos.
“Eso es un foco rojo porque al final del día sociedad civil ejerce presión, pero no tiene herramientas o capacidad de generar políticas públicas”, sostuvo.
Ante este panorama, consideró importante que los órganos electorales hagan cierto posicionamiento institucional para solicitar políticas públicas que puedan blindar los procesos electorales a nivel territorial, a través de las instituciones de seguridad pública y las fiscalías.
En este momento, dijo que los tres órdenes de gobierno tienen que comenzar a idear los dispositivos para blindar los procesos electorales.
Con información de Debate
MSA
