En solidaridad con todos los periodistas mexicanos perseguidos, difamados y amenazados por la tiranía de López Obrador.
Sí, se trata de una consigna de Estado.
Una persecución ordenada desde lo más alto del poder para callar a las voces críticas de la incontenible tiranía que se instala en México.
Y es que, conforme se consolida el Maximato “lopista” y se afinan detalles para la vuelta al régimen de partido único, también se intensifica la persecución de periodistas y críticos.
Acoso mediante todas las formas posibles; amenazas de muerte directas y campañas negras de insultos difamaciones y calumnias –a través de redes sociales–, pasando por la persecución fiscal y hasta la arbitraria e ilegal prisión por exigir derechos elementales.
Y hoy, el caso más significativo –luego que Ciro Gómez Leyva vivió un atentado a su vida–, es la persecución de Estado contra el periodista Humberto Padgett, quien fue llevado preso por “cometer el delito” de exigir el respeto a derechos civiles elementales.
¿Y cuales son esos derechos?
Reclamar a la fiscalía de CDMX una explicación de las razones por las que esa autoridad entregó los datos personales del periodista, a grupos criminales denunciados en medios por extorsión, asesinato y venta de drogas en distintos puntos de la capital del país.
Es decir, que en el México de la 4-T, también se sigue el manual del dictador para silenciar a los periodistas críticos, mediante advertencias ejemplares. Manual que dicta no perseguir a los criminales, sino a quienes denuncian los crímenes.
¿Y cuales son las advertencias ejemplares?
Todos las conocen; la amenaza de muerte directa, el señalamiento infamante desde la Mañanera presidencial, la ilegal persecución judicial y fiscal a los críticos y, en especial, las “matoneras” redes sociales que amenazan, insultan, difaman y calumnian.
Y el mensaje también lo conoce todo México y el mundo entero.
Así se puede leer el mensaje: “Vean lo que le pasa a quienes critican y exhiben las complicidades del poder; a quienes divulgan la alianza del Estado mexicano y el crimen organizado y a quienes revelan los negocios de extorsión y muerte que solapan tanto en gobierno federal como el de la Ciudad de México”.
Y ahora las preguntas de rigor.
¿Cuántos periodistas mexicanos han sido sometidos, doblados o callados por las presiones del Estado?
¿Cuántos han resistido –hemos resistido–, todo el peso del Estado para intentar callar la crítica y las raterías, las complicidades y las extorsiones del peor gobierno de la historia?
¿Cuántos periodistas deben traicionar su conciencia por 30 monedas, a pesar de la realidad que incluso los alcanza a ellos mismos?
¿Cuántos dueños de medios prefieren claudicar, antes que hacer frente a los tiranos que amenazan con destruir la democracia mexicana?
Lo cierto es que la maquinaria del Estado lanzada contra los medios y los periodistas no descansa y día a día son más los que se doblan, los que claudican, pero también todos los días aparecen los perseguidos.
Vamos a los ejemplos.
Como ya se dijo, el pasado viernes, Humberto Padgett fue llevado preso por algunas horas, luego que se atrevió a acudir a la fiscalía de CDMX para exigir que al aclararan y le mostraran el expediente abierto en su contra, por revelar el “modus operandi” de mafias criminales aliadas del gobierno capitalino.
Se trató, como queda claro, de una venganza y, al mismo tiempo, de un mensaje ejemplar no sólo lanzado desde el Estado sino con todo el peso del poder presidencial.
Y fue tal la irregularidad, que el periodista debió solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. Así lo dijo: “Este es otro trabajo que ocasiona la venganza de Martí Batres y Andrés Manuel López Obrador. Con mis datos entregados por la misma autoridad al crimen y en este momento castigado en una cárcel administrativa por reclamar ese hecho, pido humildemente asilo fuera de México”, escribió en su cuenta de X, en la que arribó a la Embajada de Estados Unidos en México.
Pero también horas después, el pasado sábado 22 de junio del 2024, la periodista Paniley Ramírez reveló –en su columna para el diario Reforma–, que la empresa Latinus y sus periodistas estelares, Carlos Loret y Víctor Trujillo -además de sus familias–, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF.
Se trata, como queda claro, de una venganza a nivel federal; un cobro de facturas que será transexenal. Es decir, una vendetta que inició con López Obrador y continuará con la impuesta Claudia.
Pero tampoco es una novedad. En mayo de 2018, cuando Ricardo Alemán fue difamado, calumniado y echado de todos los medios por su postura crítica a Obrador, dije que no era una censura para Ricardo Alemán, sino un mensaje para todos los periodistas y los medios de lo que venía en una tiranía como la de AMLO.
Muchos aplaudieron la persecución en mi contra y muchos otros se burlaron, pero hoy, muchos de ellos han sido víctimas de la consigna de Estado de callar a los críticos de la tiranía que se impone.
¿Hasta cuándo abrirán los ojos muchos periodistas mexicanos ciegos y sordos?
Al tiempo.
