El último año de administración del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, obtuvo observaciones no solventadas en la Cuenta Pública 2021, correspondiente a su periodo final frente a Nuevo León, por casi 11 mil millones de pesos.
Irregularidades en el gobierno de “El Bronco”
Dicha cantidad fue presentada ante el Congreso del Nuevo León por la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de Jorge Galván, y enmarca los últimos nueve meses del ‘Gobierno Independiente’, registrando un total de 181 observaciones.
Aunque el total de las observaciones es de 16 mil 318 millones 973 mil pesos, al solicitar las respuestas a funcionarios involucrados, la cantidad no solventada fue de 10 mil 967 millones 840 mil pesos.
También acentúa la posibilidad de que 265 millones 081 pesos puedan ser reintegrados a la Hacienda Pública del patrimonio estatal o fondo federal.
El documento precisa que 87 de estas observaciones se registraron en materia de “Obra Pública”, 40 en “Gestión Financiera”, 52 más en “Desempeño” -12 de las cuales están parcialmente solventadas-, y las últimas 2 en el rubro de “Laboratorio”.
En materia de “Obra Pública” se detectaron omisiones en: señalización, mando centralizado y telecomunicaciones de la Línea 3 del Metro; modernización y equipamiento del Hospital General de Galeana; así como la construcción de la Plaza Gastronómica en Monterrey.
Al igual que en la adecuación del antiguo Palacio Federal para la instalación del Laboratorio Cultural Nuevo León; la reconversión del Hospital Metropolitano; la edificación y reconversión de los hospitales en Sabinas Hidalgo, así como Tierra y Libertad, para la crisis por COVID-19.
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En cuanto a la “Gestión Financiera” se detectó incumplimientos a preceptos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde los registros contables presentan cuentas por pagar de hasta 12 años; así como anomalías en adquisición de inmuebles, inconsistencias en el inventario de vehículos oficiales y ejercicios dudosos en la venta de bienes, como un helicóptero Bell Modelo 412EP, modelo 2000.
Galván anticipó que habría denuncias derivadas a las fiscalizaciones a municipios y entes gubernamentales que serán presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y el Magistrado de Responsabilidades Administrativas.
Esta nueva polémica se le suma a la compra de 200 mil cobijas con un pago correspondiente a 29.8 millones de pesos en 2016, hecho que fue conocido como “Cobijagate”.
Aunado a las dos vinculaciones a proceso y detención en prisión, que posteriormente le fue concedido arraigo domiciliario, por el desvío de recursos con el fin de recolectar firmas para la campaña electoral de Rodríguez con rumbo a la presidencia en 2018, las “Broncofirmas” y el presunto abuso de autoridad en la requisa de Ecovía.
Casos de los cuales obtuvo dos amparos para tumbar la vinculación a procesos y medidas cautelares.
Con información de ABC noticias
SG
