Las elecciones de este domingo 2 de junio no solo son catalogadas como “las más grandes” en la historia de nuestro país, sino también se convirtieron en las más sangrientas.
Durante las campañas se registraron al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos.
A ello se agregan las denuncias de los partidos de oposición sobre que el crimen organizado pone en riesgo las votaciones, debido al control que ejerce en gran parte del territorio nacional.
“Esta ha sido la elección más violenta en la historia moderna de nuestro país. En términos duros, de cifras, de septiembre de 2023 al 26 de mayo de 2024, a una semana de la elección, hemos contabilizado 749 víctimas totales de ataques de violencia”, expone Armando Vargas, consultor senior de Integralia.
La consultoría política reportó 150.5% más agresiones en este proceso electoral, que comenzó de manera oficial en septiembre del año pasado, frente a los pasados comicios intermedios de 2021, lo que incluye asesinatos, atentados armados, amenazas, secuestros y desapariciones.
Dentro de esto, documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos, familiares y víctimas colaterales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció este martes el asesinato de 22 aspirantes, pero organizaciones independientes registran más, como Integralia, mientras que Data Cívica reporta 31, Causa en Común documenta 32 y DataInt registra 38.
“Esta diferencia refleja que el gobierno federal sigue negando la realidad violenta del país”, opinó Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común.
Y agregó: “Y siempre en esta actitud defensiva. En lugar de generar condiciones de apertura y de innovación en políticas públicas para trabajar sobre estos temas, vemos cómo existe esta renuencia, incluso, a aceptar la dimensión del problema”.
Al analizar comicios anteriores, Data Cívica encontró que por cada agresión a un candidato la participación en la localidad en cuestión baja 1.3%, y si la víctima es un político en funciones, como el alcalde, la caída es de 3%, explica la vocera de la organización, Itxaro Arteta.
“Sin duda, esto es un debilitamiento a la democracia porque la ciudadanía tiene miedo de salir a votar, o no le ve sentido a salir a votar, si parece que el crimen es quien está dominando, quién define quién puede ser candidato, quién hace campaña”, advierte Arteta.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó el jueves que 168 casillas no se habilitarán el domingo por motivos como inseguridad y, la mayoría, por “conflictos político sociales”.
Principales víctimas: candidatos locales y opositores
Nueve de cada 10 víctimas de asesinato buscaban un puesto municipal, detalla el consultor de Integralia, lo que “fortalece la hipótesis de que la violencia política es un mecanismo de intervención del crimen en las elecciones”.
Además, la mayoría eran opositores al gobierno local, y esto “sugeriría que los grupos criminales podrían estar impulsando ciertos proyectos políticos para expandir sus redes de impunidad eliminando a las amenazas, es decir, a las candidaturas de oposición”.
Aún así, Data Cívica señala que más de un tercio de las víctimas de agresión son del gobernante Morena, como Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya, en Guanajuato, quien murió asesinada el 1 de abril en uno de los atentados de mayor perfil.
¿Protección del Estado?
La Secretaría de Marina (Semar) informó el martes de 3 mil 474 agentes de las Fuerzas Armadas que protegen a 553 candidatos y reiteró un despliegue de 27 mil 245 elementos para el operativo de seguridad de las elecciones, que se sumarán a los 233 mil 543 que ya realizan tareas de seguridad pública.
Pero candidatos han muerto pese a esta protección, como Cabrera, quien tenía escoltas de la Guardia Nacional, lo que muestra que el protocolo “no ha funcionado adecuadamente”, según la investigadora de Causa en Común.
La preocupación por la seguridad crece porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia, con más de 98 millones de votantes convocados a renovar más de 20 mil cargos, incluyendo la Presidencia de la República, los 128 senadores y los 500 diputados, así como nueve gobiernos estatales.
La situación “está muy bien focalizada” en zonas con violencia del crimen organizado, como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, argumenta Canjura.
Mientras que Arteta advierte de que “esto no se acaba después de la elección” porque “suelen incrementar los niveles de violencia en general en los municipios que viven este tipo de violencia política”.
“Hoy es una democracia sin libertad, una democracia acotada, cautiva, capturada por grupos criminales. Un balance general es que hoy la democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales controlen los territorios locales”, concluyó Vargas.
Con información de Expansión Política y Latinus
MSA
