“‘Huye, José, huye, José, ven, pacá, cuidao con la culebra..’ La canción opaca los gritos desenfrenados de la multitud cuando se escuchan los disparos que marcan un antes y un después en la historia contemporánea de México”**. Así es como se vio reflejado uno de los más grandes asesinatos de la política en nuestro país, cuando las portadas de los diarios y los noticieros estremecían a la sociedad al anunciar la muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Ahora, 24 años después, el largo historial de la violencia política en México sigue dejando graves secuelas en una fracturada democracia, aunada al descontento social por los gobiernos que antecedieron, y dejando detrás unas elecciones plagadas de sangre, y con marcas del crimen organizado intentando irrumpir en la democracia nacional.
El actual proceso electoral iniciado en septiembre de 2017, ya se ha consolidado como el más violento en toda la historia mexicana, en donde el crimen organizado apostó por controlar a las autoridades políticas como un negocio redondo, pues la imposición de su “ley de plomo” les permitirá maximizar sus ganancias y permanecer en la impunidad con el gobierno que resulte ganador.
Hasta la fecha, 133 políticos (48 candidatos) han sido asesinados en 26 estados del país, pero no resulta extraño que la mayoría de estos casos se han presentados en las zonas de mayor concentración criminal como lo son Michoacán, Guerrero y Oaxaca, siendo los partidos del PRI, Morena y PRD, quienes más han tenido que mostrar dar el pésame por sus militantes caídos, y a exigir a la justicia la aclaración de estos casos, muchos de los cuales quedarán en el olvido.
La consultora de riesgos políticos Etellekt, ha aportado datos aún más desesperanzadores al señalar que se han contabilizado 548 agresiones, incluyendo los 133 asesinatos, así como 47 tentativas de homicidio y 50 asesinatos de familiares de políticos, quienes tampoco se encontraron en un terreno seguro en esta época electoral.
Pero el temor generalizado alcanzó niveles tan extremos que incluso 5 mil 700 candidatos prefirieron dejar sus aspiraciones a un cargo de elección popular, y seguir laborando en un terreno más confiable y a puerta cerrada con la militancia en su partido, siendo Oaxaca y el Estado de México en donde se registró el mayor número de sustituciones.
La gravedad del asunto es que podría ser el crimen organizado —y no los ciudadanos— quién decida con la “ley de plomo” qué candidatos aparecerán en la boleta, y —posteriormente— a qué gobernantes, funcionarios o legisladores habrá de otorgarles las mayores facilidades para “trabajar con tranquilidad”, a sabiendas de que el “negocio” que les dejará mayores ganancias ahora se encuentra detrás de los cargos públicos. La forma de influir también incluye la intimidación, el miedo, y el financiamiento ilícito.
Mientras, en las más altas esferas de la elección, los presidenciables saben que quien gane deberá enfrentarse a la dura tarea de luchar en contra del crimen. El problema es que ninguno ha atinado a explicar cómo lo va a lograr, ya que no han podido proponer un rumbo distinto a la afamada “guerra contra el narco”, la cual sigue haciendo que en México los ríos se tiñan de rojo sin resultados concretos.
¿Cuántos de los candidatos que se alzarán con la victoria el 1 de julio llegarán a ocupar sus cargos con un arma detrás apuntando para que las órdenes sean cumplidas de acuerdo a lo acordado en la campaña? Para el crimen organizado, la respuesta siempre es la más fácil: jalar el gatillo y esperar que otro llegue a ocupar el lugar. Pues el destino de muchos candidatos —y futuros alcaldes, legisladores o gobernadores— es obedecer o morir.
**Aburto: testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Laura Sánchez Ley. Grijalbo y Penguin Random House Grupo Editorial.
