Las imágenes son escalofriantes.
Ciudades en llamas, comercios consumidos por el fuego, vehículos incendiados, ciudadanos aterrados y la ausencia total de autoridades; sean municipales, estatales y, sobre todo, del gobierno federal, el único responsable del combate al crimen organizado.
Pero no sólo se trata de la imagen de un México en llamas sino que –a los ojos del mundo–, vemos el retrato de la gestión fallida del presidente López Obrador.
En efecto, una administración federal que a diario confirma su fracaso en el combate a la inseguridad y la violencia; que a cada hora pierde la hegemonía territorial frente a las bandas criminales y, lo más grave, que a causa de su probada ineficacia es un gobierno claudicante frente al poder del crimen organizado.
En pocas palabras, resulta que el terror que de manera cotidiana ven y padecen los ciudadanos que viven en entidades como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas –entre muchos otros estados del país–, no es más que la confirmación del fracaso estrepitoso del gobierno de López Obrador en materia de seguridad.
Claro, además del fracaso económico, en la fallida creación de empleos, en la inflación sin freno, la desbordada deuda externa; las crisis de salud y educación y, sobre todo, la derrota moral de un presidente que tuvo todo para ser el mejor de la historia y que, con el tiempo, terminará como el peor en la memoria colectiva de los ciudadanos.
Un gobierno que –en el extremo de la estulticia–, debió esconder “debajo de la alfombra” los desechos de Estado de la fracasada Guardia Nacional –ese espantajo inventado por López que nació muerto–, para intensificar la militarización de la Seguridad Pública; incluso peor que en los tiempos del “odiado” –por AMLO–, Felipe Calderón.
Y es que, en efecto, como si se tratara de un escandaloso karma, hoy López Obrador utiliza los mismos recursos de Estado empleados por Calderón para la lucha contra el crimen organizado; la militarización que por décadas cuestionaron tanto el hoy presidente mexicano como su claque.
El problema, sin embargo, es que contrario a Felipe Calderón, AMLO utiliza mal y a capricho a las fuerzas castrenses.
Una militarización que confirma no sólo el fracaso en seguridad pública sino que ratifica lo que aquí denunciamos desde 2017; que López Obrador no era un demócrata, que un eventual gobierno de AMLO se convertiría en una dictadura y que, una vez en el poder presidencial, el tabasqueño haría todo para buscar la reelección o, en el último extremo, intentaría un Maximato.
Y lo que hoy aparece a los ojos de México y del mundo es justamente el intento de reelección presidencial.
Y la mejor evidencia la escuchamos el pasado viernes 12 de agosto del 2022, cuando López Obrador se atrevió a decir, de manera pública, que las fuerzas castrenses no regresarían a sus cuarteles luego del 2024.
¿Por qué dijo eso?
¿Por qué tal certeza?
¿A partir de qué premisa anuncia que mantendrá el poder y la decisión de Estado –la capacidad de seguir siendo el jefe máximo de las fuerzas castrenses–, como para seguir violando la Constitución, a pesar de que ya no será presidente?
Al buen entendedor, pocas palabras.
El mensaje es claro; López Obrador busca la reelección o el Maximato.
Y si aún tienen alguna duda basta echarle una mirada a las más recientes declaraciones del líder del PRD, Jesús Zambrano, quien en distintas entrevistas ofrecidas el pasado fin de semana dijo que AMLO “hace todo para buscar la reelección”.
Así lo dijo Zambrano: “No estoy exagerando, lo conozco muy bien: AMLO está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de reelegirse”.
Pero sólo es una de las evidencias de las locuras reeleccionistas y maximalista de López.
También el pasado viernes, el mandatario mexicano insistió en que enviará al Congreso una reforma para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa.
Pero además se atrevió a decir que si su reforma tiene obstáculos “haremos lo necesario” para conseguirlo. Pero no fue todo, dijo que la decisión final, para saber si es o no constitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, le corresponde a la Suprema Corte.
¿Y qué significa toda esa perorata?
La respuesta es de párvulos, ya que con una Suprema Corte controlada por el dictador de Palacio, los ministros aliados del presidente pueden retrasar cualquier resolutivo por más de dos años, justo el tiempo que le queda a López para hacer lo que le plazca.
Dicho de otro modo; resulta que el presidente mexicano le advierte a todos los ciudadanos y al Estado mexicano todo, que violará la Carta Magna tantas veces como le plazca en los dos años que restan de su mandato, sin que nadie y menos la Suprema Corte pueda ponerle freno.
Pero la perversidad del jefe del gobierno y del Estado mexicano parece no tener límite.
¿Por qué?
Porque son muchos los indicios de que el terror desatado los días miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de agosto del 2022 en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California son parte de un “concierto” en el que intervinieron las partes de esa perversa alianza entre el crimen organizado y el jefe del Estado mexicano.
Es decir, que con el aval de Palacio, distintas células criminales que operan en las entidades donde se desató el terror, habrían recibido la encomienda precisamente de provocar caos y terror.
El objetivo habría sido mostrar a un país en llamas y bajo el control de las bandas criminales, para mandarle a los mexicanos y al mundo el mensaje de que resulta impostergable que el Ejército y la Marina Armada se hagan cargo de la seguridad que tiene a México bajo fuego.
La versión moderna del mitológico Nerón mexicano, que mientras presume su popularidad, el país está en llamas.
Y por eso obliga la pregunta.
¿Hasta cuando la sociedad mexicana tolerará al peor presidente de la historia?
Al tiempo.
