El riesgo de que las elecciones del próximo domingo sean anuladas total o parcialmente está latente, en parte por lo cerrado de la contienda en varios estados y en parte por la sistemática intromisión del presidente de la República, que ha vulnerado el principio de certeza que debe haber en todo proceso electoral.
Las múltiples intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso pueden ser motivo de que algún partido que se sienta agraviado por los resultados de la jornada del domingo, exija al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de las elecciones, ya sea a nivel federal o estatal.
Paradójicamente, fue el propio López Obrador quien en el 2006 y en el 2012 invocó esta causal abstracta para pedir la nulidad de las respectivas elecciones presidenciales en las que fue derrotado.
¿Cuáles son?
En el primer caso, el TEPJF determinó que el entonces presidente Vicente Fox había intervenido indebidamente en el proceso, pero no al grado de que ello ameritara la anulación de las elecciones.
En el segundo caso, el TEPJF resolvió que no se acreditó la intervención del presidente Enrique Peña Nieto y falló en contra de la petición de López Obrador y del PRD, su partido de entonces.
Pero tras ambas experiencias, el máximo tribunal electoral sentó el precedente de que eventualmente procede anular las elecciones de cualquier tipo por “violación de principios constitucionales”, que es lo que ha hecho reiteradamente el presidente de la República.
De hecho, con este criterio el TEPJF ya había anulado años antes las elecciones de Tabasco (en el 2003) y posteriormente ocurrió lo mismo con algunos comicios municipales de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.
En una elección tan cerrada como la de Nuevo León, el candidato perdedor podría exigirle al TEPJF la anulación de las elecciones con el argumento de que el presidente de la República violó los principios constitucionales al intervenir en el proceso, sobre lo cual hay pruebas de sobra.
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Otros escenarios…
Pero hay otros escenarios que podrían llevar a la anulación de elecciones. La Constitución señala que procede declarar la nulidad cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar no es mayor a cinco puntos porcentuales y se acredite que el ganador rebasó los topes de gasto de campaña.
Este escenario se podría presentar en todos los estados en donde hasta el momento se contempla una contienda cerrada, como el mismo Nuevo León, Campeche, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Tlaxcala y Michoacán.
Anular elecciones implica tirar a la basura todo el esfuerzo de cientos de miles de ciudadanos que se involucraron de muchas formas en la organización del proceso electoral. Pero tal parece que a eso es a lo que le apuesta el presidente de la República.
