La aparición de los cuatro estadounidenses, secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, dos fallecidos, uno herido y el otro golpeado, así como una víctima mexicana, en el periodo del viernes 3 de marzo pasado al martes 7 de marzo, a pesar de las condiciones en que aparecieron, puede considerarse como el resultado de una presión hegemónica de EU hacia México.
Desde la Casa Blanca, hasta los familiares de las víctimas secuestradas, pasando por las agencias y dependencias estadounidenses, incluyendo la diplomacia y los medios de comunicación y redes sociales, que interactúan en la frontera norte de México, lograron esta reaparición, lo que no ha sucedido en otras difíciles y trágicas situaciones en donde ciudadanos y familiares mexicanos, son afectados por desaparición forzosa, que incluye mujeres, jóvenes o niños, religiosos, migrantes, activistas y luchadores sociales, estudiantes, soldados o marinos, y muchos más secuestrados y desaparecidos, víctimas de la violencia e impunidad.
No sabemos aún a ciencia cierta qué ocurrió, si fue la presión estadounidense con presencia de agentes en la zona, si hubo una buena coordinacion entre las fuerzas armadas y las policías locales, si fue la fiscalía estatal, si la recompensa anunciada de 50 mil dólares funcionó, o si hubo una escalada de amenazas hacia el gobierno federal o estatal, o el grupo delincuencial -carteles o células del Golfo, y otros más- que realizó el acto de secuestro, reaccionó aunque tardíamente, de forma favorable, o de plano el azar afortunado o el miedo de los delincuentes o de los tres niveles de gobierno, que finalmente los llevó a resolver la situación de la manera trágica y lamentable, pero encontrando, presentando o entregando los cuerpos muertos o vivos de las víctimas.
Se ha ponderado que el gobierno de EU, sabe dónde presionar, de manera directa al presidente de la República y a diversos funcionarios, o de mensajes abiertos a la población, que hicieron de la denuncia del secuestro, a una escala de tareas policiacas o militares de búsqueda y rescate, de movilizaciones y acciones, la oportunidad para lograr el cometido obtenido.
La relevancia de la recuperación de los cuerpos y de las personas estadounidenses secuestradas, establece paralelos negativos para los casos de mexicanos en la misma situación, en muchas partes del territorio mexicano.
Ello ha ocurrido en el contexto de inconformidad de algunos personajes del partido republicano, ex funcionarios, ex fiscal general, legisladores y comunicadores, que han posicionado la discusión de nombrar a los carteles en México como supuestos narcoterroristas, de denominar al gobierno mexicano como un narco gobierno, de señalar incluso como un facilitador de los narcos al propio presidente de la República, y solicitar que las fuerzas armadas de EU puedan entrar al combate de los narco delincuentes o narcoterroristas, que han matado, vía fentanilo y otras drogas, a más de 80 mil jóvenes en EU.
Que puedan aplicar la ley Patriota, en defensa de su interés y seguridad nacionales, con claros y precisos actos de injerencismo en territorio nacional y operativos llevados a cabo por las fuerzas armadas de EU. De pretender atender lo que en México no se hace.
Así, este debate que ha ingresado en la agenda pública de EU, sobre los narcoterroristas, narco políticos mexicanos, habrá de ser utilizado en su próxima campaña en 2024.
El dejo de impunidad y de violaciones al estado de derecho en México, obliga a repensar las acciones en materia de seguridad y justicia y muy posiblemente lleve un endurecimiento en la manera de enfrentar a los carteles.
Sin embargo, el grado de corrupción e impunidad que ha surgido, muestra estrategias mexicanas de Seguridad y justicia fallidas o con resultados muy menores.
Dentro del proceso electoral mexicano, habrá que pensar acciones estratégicas fundamentales para disminuir la tensión con EU, valorar la petición de extradición de Ovidio y aceptar las recomendaciones en cuestiones de seguridad y quizás, asumir los costos que genere el que sean considerados como narcoterroristas y narco políticos, a quienes son cómplices de la delincuencia organizada.
El susto que las autoridades mantienen, es evidente, el miedo no es gratuito, hay muchos elementos que muestran cercanía o complicidades entre el gobierno y la delincuencia, y los resultados logrados por quienes combaten las actividades delictivas, como jueces o guardia nacional, dejan mucho que desear.
Veremos la reacción de las autoridades y los posibles cambios del lado mexicano, también valoraremos las acciones y presiones que habrán de venir del lado estadounidense.
Una tragedia grave, con homicidios, víctimas y heridos, lamentables, que demandan mayores y mejores acciones, estrategias y políticas en seguridad y justicia.
Por Emilio Vizarretea
