El Insabi, otra de las raras creaciones de la “Cuarta Transformación”, arrastra una deuda de aproximadamente tres mil millones de pesos con proveedores de medicamento, pero no puede disponer del producto comprado.
Tras el fracaso de las compras encargadas a la UNOPS, el gobierno federal puso en marcha un Plan-B a través del IMSS y del ISSSTE, para adquirir de emergencia los medicamentos más requeridos.
Pero a nadie en el gobierno se le ocurrió pensar en la distribución, algo que se tenía resuelto con el esquema de compras que se utilizaba en gobiernos anteriores y que el gobierno de López Obrador destruyó.
Dentro del Plan-B, le tocó al Insabi hacerse cargo de la distribución de los medicamentos hacia los diferentes hospitales del sector salud. Solo que el Instituto no cuenta con la capacidad logística para realizar esa compleja tarea.
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Como consecuencia, la mayoría del medicamento adquirido permanece en los almacenes. Los proveedores seleccionados de emergencia cumplieron con poner a disposición del gobierno los medicamentos, pero no se hacen responsables de distribuirlos.
Por si eso fuera poco, la operación de emergencia para tratar de paliar el desabasto de medicamentos hizo que creciera la deuda que el Insabi tiene con empresa del ramo farmacéutico, hasta alcanzar los cerca de tres mil millones de pesos.
Muchos de los acreedores del Insabi son empresas medianas y pequeñas que tienen problemas financieros para continuar con sus actividades debido a que el Insabi les debe facturas desde el 2019.
El gobierno de la “4-T” destruyó la cadena de suministro que funcionaba desde hace cuatro décadas, por considerar que todas las empresas que participaban en ella eran “corruptas”.
Y al no ser capaz de sustituir esa cadena por otro mecanismo eficaz, la población que requiere de diferentes medicamentos es la que paga las consecuencias.
