En la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país, se establece que los principios rectores de los procesos electorales son “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.
Por eso preguntamos, ¿puede existir certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en un proceso electoral como el de Tamaulipas?
En el Itinerario Político de este lunes, documentamos 25 agresiones a servidores públicos y ciudadanos de aquel estado. Por eso preguntamos, ¿existen las condiciones para llevar a cabo la elección?
En entrevista para La Otra Opinión, el consejero electoral Arturo Sánchez recordó que las elecciones son la ruta pacífica para cambiar los nombres de quienes despachan en los espacios de poder.
Y también dijo que construir esta idea –de que las elecciones son la ruta adecuada para la alternancia en el poder–, ha costado –y seguirá costando–, tiempo y esfuerzo.
Por eso, aunque en otras ocasiones hemos visto hechos violentos –como los de Chiapas, Oaxaca y Guerrero el año pasado–, Sánchez asegura que el trabajo político ha permitido que las elecciones sigan siendo una realidad.
Por lo anterior, el consejero electoral recordó que la labor del INE es no rendirse ante las amenazas y trabajar para que los procesos democráticos ocurran en un marco de tranquilidad.
Ahora bien, en lo que toca a la seguridad del proceso, Sánchez trajo a cuenta que la organización de los comicios es responsabilidad conjunta del Instituto Nacional Electoral y del árbitro electoral del estado –el llamado OPLE–, de ahí que el INE haya hecho todo lo que le corresponde –y todo para lo que está facultado–, para favorecer el desarrollo del proceso.
Es decir, que al INE le toca colaborar en el registro de candidatos, vigilar el cumplimiento de las normas y garantizar que el día de la elección, los funcionarios de casilla estén en su lugar y cuenten con la capacitación adecuada.
Más allá de eso, el INE puede hacer poco. Ya porque no le corresponde, ya porque no cuenta con la infraestructura, el personal y los recursos para hacerlo.
Por eso, aunque en Tamaulipas se vive una situación de emergencia y aunque parece que no existen las condiciones para garantizar los mínimos de la elección, el INE hace lo que puede –hasta donde puede– y el resto le toca a las demás instancias que participan en la elección.
