José Alberto Márquez Salazar
¿Puede juzgarse a una institución por una declaración desafortunada de uno de sus integrantes o funcionarios?
En los últimos cinco años, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y muchas de sus escuelas y facultades aceleraron sus trabajos para reducir y eliminar la violencia contras las mujeres que se vivía, aunque su labor a favor de las mujeres inició en el año de 1992 cuando se creó el “Programa Universitario de Estudios de Género” y en el 2013 se publicaron los “Lineamientos Generales para la Igualdad de Género” adelantando la perspectiva.
Un documento fundamental para la comunidad de la UNAM, especialmente para las mujeres, fue el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género”, en el año de 2016. Éste se ha modificado paulatinamente dada la experiencia de su aplicación y con el fin de tener una mayor efectividad.
Como resultado de la aplicación del Protocolo, en enero del 2020, la Gaceta UNAM informó:
“El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM da resultados. A la fecha, gracias a éste, han sido sancionados 159 académicos por ejercer violencia de género: 48 fueron amonestados, 65 suspendidos y a 46 se les rescindió el contrato.
También fueron sancionados 99 trabajadores: 23 amonestados, 48 suspendidos y 28 a quienes se les rescindió el contrato; así como 108 alumnos: 90 con suspensión y 18 con expulsión.”[1]
La última actualización del documento rector fue el 17 de noviembre del 2022 como “Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género”.
Así como en todo México, los años de 2018, 2019, 2020 y 2021, especialmente, vieron a miles de mujeres expresarse en las calles contra la violencia que vivían, que viven aún. Las grandes manifestaciones en las principales ciudades conmovieron a millones de personas que ahora han visibilizado esa violencia en la que viven las mujeres en nuestro país y que parece no detenerse.
Unos datos para dimensionar: en 2018 hubo 898 feminicidios; en 2019, 942; en 2020, 947; en 2021, 981; en 2022, 955 y, en lo que va del año, 572[2]. El feminicidio es la expresión más impactante de la violencia contra las mujeres.
En el caso de los “Presuntos Delitos de Violencia de Género en todas sus Modalidades Distinta a la Violencia Familiar”, el incremento es alarmante: en el año de 2018 fueron 2,255; en 2019, 3,180; en 2020, 4,050; en 2021, 4,186; en 2022, 5,524 y en lo que va del 2023, 4,377[3].
No conozco una medición precisa sobre el grado de violencia que se ejerce en las instituciones públicas. Sin embargo, las denuncias pueden acercarnos. En el caso de la UNAM, especialmente en los últimos años y gracias al movimiento feminista que se extiende, las jóvenes, principalmente, han denunciado la violencia que se ejerce contra ellas por parte de compañeros y profesores.
Afortunadamente, en el caso de la UNAM, la respuesta oficial ha sido en la mayoría de los casos acertada. De ahí la creación de instrumentos y herramientas para atender y acompañar a las mujeres en este terrible recorrido de la denuncia.
Hay facultades, por ejemplo, la de Derecho, que creó y puso en marcha acciones puntuales y específicas. Una de ellas es la instalación, el 17 de febrero del 2021, de la Comisión Interna para la Igualdad de Género definida como “un órgano auxiliar … cuyo objetivo es impulsar la implementación de la política institucional en materia de igualdad de género … prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género, a través de acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la participación de las autoridades y la comunidad.” Cabe agregar que este cuerpo colegiado está integrado por las autoridades y la comunidad que participaron en la convocatoria para conformarlo.
Leo en algunas redes sociales y en medios de comunicación la afirmación, escandalosa, de que la Facultad de Derecho vive una crisis derivada de las declaraciones agresivas y violentas que realizó Ricardo Rojas Arévalo sobre la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo.
Pero también leo que la respuesta del director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante fue inmediata, cesó al funcionario y señaló: “Lo he reiterado desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Facultad de Derecho: estamos de manera categórica en contra de cualquier acto de violencia contra las mujeres.” (Infobae, 22/09/23).
En las últimas semanas, y quizá en el año, la UNAM también ha estado bajo la observación general debido a los supuestos actos de plagio que algunas personas egresadas realizaron para titularse. Tema en el que también hay respuestas institucionales que, pueden gustarnos o no, pero son de acuerdo a las normas.
¿Puede una persona afectar el prestigio de una institución por unas declaraciones desafortunadas y violentas? Sí. Por esa razón, fue importante la decisión tomada por el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, al cesar al funcionario y advertir que la violencia contra las mujeres es reprobable y también por extender las medidas contra los funcionarios que participaron del hecho.
La UNAM está a punto de elegir a su rector. Lo sucedido en la Facultad de Derecho nos advierte que se deben tomar decisiones rápidas y contundentes para frenar la violencia y nos demuestra que hay funcionarios y académicos comprometidos. La institución requiere de una o un Rector comprometido con la causa de las mujeres.
[1] “Todas y todos contra la violencia de género”, Gaceta UNAM, 17 de enero del 2020 [En línea] https://www.gaceta.unam.mx/todas-y-todos-contra-la-violencia-de-genero/ [Consulta: 24 de septiembre de 2023]
[2] “Información sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1” Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 31 de Agosto del 2023 [En línea] https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es [Consulta: 25 de septiembre de 2023]
[3] Ibidem.
