Las organizaciones vecinales y ambientales han sido históricamente una voz fundamental para visibilizar demandas sociales, proteger el entorno natural y exigir condiciones más justas en nuestras ciudades. Sin embargo, en distintas regiones del país —incluido el Valle de México— este tipo de agrupaciones han comenzado a mostrar un comportamiento preocupante: ya no responden a los intereses colectivos que las vieron nacer, sino a estrategias personales de poder, visibilidad o beneficio.
Detrás del discurso del activismo ciudadano, algunas asociaciones han sido capturadas por liderazgos que ya no rinden cuentas a sus comunidades. Utilizan el nombre de la organización como plataforma para influir en decisiones públicas, frenar proyectos que no les favorecen o presionar bajo el argumento de representar a “los vecinos”, cuando en realidad solo hablan por sí mismos.
Este fenómeno, identificado internacionalmente como astroturfing, describe el uso de movimientos que simulan tener respaldo ciudadano auténtico, pero que en realidad responden a agendas ocultas o privadas. Lejos de fortalecer la participación democrática, distorsionan el diálogo público y generan desconfianza en procesos legítimos de organización social.
Además del impacto reputacional, esta práctica tiene consecuencias reales: obstaculiza soluciones urgentes para las ciudades, encarece la toma de decisiones públicas y genera conflictos innecesarios entre actores que deberían colaborar, no enfrentarse.
Reconocer este patrón no implica deslegitimar a todas las organizaciones vecinales o ambientales. Existen muchas que siguen actuando con integridad y compromiso. Pero es necesario abrir los ojos frente a aquellas que han perdido su propósito inicial y que hoy operan como cotos de poder disfrazados de ciudadanía.
El verdadero activismo es transparente, colectivo y responsable. Y para fortalecerlo, debemos saber distinguir entre quienes luchan por todos y quienes solo lo hacen por sí mismos.
