El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no quería perder las elecciones del pasado 6 de junio, porque sabía que si lo hacía, su sucesor descubriría el gran cochinero que le dejará como herencia.
El mayor símbolo de las irregularidades es el “edificio inteligente” que se empezó a construir en la explanada principal de la alcaldía desde 2014, cuando Romo era jefe delegacional y militaba en el PRD.
Originalmente costaría 35 millones de pesos. Pero el inmueble no solo no se ha terminado de construir, sino que siete años después, su costo ya se incrementó en un 625 por ciento.
En el 2015, la Secretaría de la Función Pública detectó varias irregularidades en los contratos de obra pública de la administración de Romo, entre ellos el otorgado a la empresa Phomsa Construcciones, propiedad de Carlos Herrera Tello, entonces compañero de partido del jefe delegacional, para el “edificio inteligente”.
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Su sucesora, Xóchitl Gálvez, intentó sanear la obra y continuar con la construcción, pero solo le alcanzó para construir el estacionamiento y la planta baja.
En 2018 Romo regresó a la administración, ahora como alcalde, y regresaron también los jugosos contratos a constructoras, que en tres años alcanzaron los 119 millones de pesos, sin que el edificio esté terminado.
Pero no es lo único. Romo también está acusado de utilizar programas sociales en su beneficio. Un ejemplo es el programa “La Empleadora”, cuyos recursos eran entregados exclusivamente a militantes de Morena y a funcionarios del gobierno de la Ciudad.
Empleados de la delegación denunciaron en su momento que Romo los obligaba a que, con el pretexto de afiliar a ciudadanos al programa social, preguntaran de casa en casa si apoyarían su reelección.
Por lo pronto, el próximo alcalde, Mauricio Tabe, ya empezó a revisar las irregularidades que le heredará Romo. Dejó claro que no habrá cacería de brujas pero tampoco impunidad.
