El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es una institución del Estado Mexicano, encargada (desde 1983, el año de su creación) de normar y coordinar el sistema nacional de información, estadística y geográfica de nuestro País. Desde entonces, el INEGI, desde su condición de organismo público autónomo, ha contribuido a dotar a las instituciones del Estado y al público en general de la información necesaria para la toma de las decisiones y para hacer uso de ella en la vida diaria.
El INEGI se concibió como organismo autónomo para que la información que genera no pueda ser influenciada, controlada, y menos aún determinada por intereses políticos y económicos u otros de cualquier indole.
Su personal, aunque muy mal pagado, es de gran calidad profesional y con la preparación académica suficiente. Debería entonces ser, el INEGI, no solo reconocido, sino además debiera fortalecerse desde el punto de vista presupuestario y administrativo para que se mejore su infraestructura y el salario de su personal.
Pero en sentido diametralmente opuesto, el gobierno entrante, según información que hemos podido obtener, pretende debilitarlo a tal grado, hasta hacerlo parecer inútil, y, por lo tanto, en el extremo, desaparecerlo.
Y aunque una de sus argumentaciones para ese propósito es la austeridad, en realidad su verdadera intención es terminar con los órganos del Estado que son constitucionalmente autónomos. ¿Porque esta intención irracional, descabellada? Simplemente, porque el próximo presidente pretende concentrar en su persona todas o las más importantes decisiones que competen no solo al gobierno sino al Estado. No cree en el equilibrio y la separación entre los poderes de la república, que es uno de los principios democráticos más reconocidos y uno de los elementos que le dan sustento al liberalismo político, menos aún cree en la existencia de organismos autónomos como el INEGI, o el INE, el IFAI, y otros.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, por ejemplo, que “los ministros están maiceados y que son alcahuetes de la mafia del poder”, y no se diga de su opinión sobre el Congreso de la Unión a la cual solo envía mensajes de desprecio. Por ello es que no tiene empacho en nombrar a Muñoz Ledo y a Martí Batres como presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión, y a otros dos de sus empleados como coordinadores de los grupos parlamentarios de morena. Quiere control sobre La Corte y sobre el Congreso.
Si eso opina de La Corte y del Congreso, entonces, estimado lector, usted sabrá lo que opina del INEGI. En Agosto pasado, en alguna de sus reuniones con los operadores más cercanos, dijo que el INEGI genera información falsa con el propósito de crear percepciones engañosas sobre el estado de la economía y, de manera particular, sobre el número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Podría ser que el INEGI tuviera cifras que no se ajustan a la realidad, y podría, incluso, estar utilizando criterios y parámetros que no sean los más adecuados para estas mediciones. De ser así, lo adecuado sería discutirlos y en su caso, corregirlos, pero de ello a tomar la decisión de desaparecer al INEGI hay una actitud de irracionalidad que no tiene forma de medirse… ni por el propio INEGI. Pero, aun así, ha resuelto que, desde su propia oficina en la colonia roma, se organice y se implemente un censo nacional para obtener los datos en los cuales él si podría confiar.
¿En verdad quiere desaparecer al INEGI? Lo sabremos pronto, pero mientras, el presidente electo está siendo parte de una acción que violenta la constitución y otras leyes que protegen el derecho a la intimidad y privacidad de las y los mexicanos. Ha decidido contratar a 20, 000 mil jóvenes a quienes nombra “servidores de la nación” para que lleven a cabo el “censo del bienestar” e indaguen y encuentren los datos, la información que busca López Obrador, ello como parte de su estrategia de control político sobre los ciudadanos.
“En México el derecho a la privacidad o intimidad de las personas se encuentra tutelada por la Constitución, en el primer párrafo del artículo 16. La garantía de seguridad jurídica establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, cuya finalidad es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás”, según interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si la realidad no se ajusta a mi pensamiento, peor para la realidad”. Esta es la concepción del presidente electo sobre lo que debe ser el poder de la presidencia, y por ello es su menosprecio a la constitución, a la ley, y a los organismos constitucionalmente autónomos. En ello se sustenta su intención de controlar o eliminar al INEGI y CONEVAL.
Jesús Ortega Martínez
