Este jueves, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron que la seguridad en sus estados no debe estar condicionada a disputas políticas, como ha sido el caso de Chihuahua con la disponibilidad del agua en la presa La Boquilla.
Fue a través de un comunicado, donde los 10 mandatarios de Michoacán, Colima, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Durango, Guanajuato, Durango y Tamaulipas manifestaron su respaldo al de Chihuahua Javier Corral, y reiteraron que la politización de la seguridad solo crea condiciones favorables para la delincuencia y perjudica a la sociedad.
“Coincidimos con el gobernador Javier Corral, en que la seguridad de las y los chihuahuenses debe constituir una prioridad para todas las instituciones, razón por la cual rechazamos que un asunto absolutamente ajeno, como el conflicto generado por la extracción de agua en la presa La Boquilla, interfiera con las acciones que, en materia de seguridad pública, debemos generar para garantizar la integridad y la vida de las y los chihuahuenses. La seguridad pública no puede ser rehén, bajo ninguna circunstancia, de disputas políticas”, reza la nota informativa.
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Ante esta situación, los aliancistas aseguraron que tanto entidades como municipios deben contar con recursos suficientes para invertir en la seguridad pública; en consecuencia, exigieron a la Cámara de Diputados que se restablezca el Fondo para la Seguridad Pública, que se canceló en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
“Resulta muy importante que las entidades federativas y los municipios cuenten, sin más condiciones que las que impone la ley, con los recursos federales para la seguridad pública, por lo cual exigimos a la Cámara de Diputados el restablecimiento del Fondo para la Seguridad Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 ha sido cancelado y no se están destinando fondos para subsidio alguno en la materia”, agregaron.
Los 10 mandatarios locales también criticaron la decisión “unilateral” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— en voz de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana— de eliminar en Chihuahua los métodos de coordinación que constitucionalmente obligan a las autoridades federales, estatales y municipales a brindar “seguridad pública a las y los mexicanos y en particular a los chihuahuenses”.
Postura por demás comprensible de la Alianza Federalista respecto a lo que está sucediendo en Chihuahua, pues saben que la situación se puede repetir en cualquiera de los otros nueve estados que la integran.
Con información de El Universal
JZ
