Diputados inician diligencia pública sobre desafuero de Cabeza de Vaca

Con esta diligencia inicia el periodo de pruebas, tanto de la parte acusadora como del acusado

Cabeza de Vaca
Foto: Twitter / @fgcabezadevaca

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició este viernes una diligencia pública sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Para ello, esta audiencia será transmitida por las plataforma digitales del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de darle a mayor transparencia posible a este caso.

Con esta diligencia inicia el periodo de pruebas, durante un lapso de 30 días, tanto de la parte acusadora como del acusado; en el cual se expondrán las pruebas con las cuales se busca desaforar al mandatario estatal panista, esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Al final de este plazo, la Sección Instructora analizará las pruebas y elaborará un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia, documento que es enviado a la Mesa directiva del Poder Legislativo que deriva en la convocatoria al Órgano de procedencia.

Te puede interesar | UIF detecta empresas con operaciones simuladas ligadas a Cabeza de Vaca

La audiencia inició con la intervención del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien dijo desconocer el contenido de la carpeta de investigación, al argumentar que quien compareció y llevó a cabo el análisis de la misma, fueron los peritos adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

Después, fue el turno de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien expuso que hay empresas que facturan operaciones simuladas que están relacionadas con el gobernador tamaulipeco.

Defensa pide suspender audiencia

Por su parte, Alonso Aguilar Zínser, abogado de Francisco Cabeza de Vaca, pidió a los legisladores suspender la audiencia sobre el desafuero al señalar que se violarían los principios de presunción de inocencia y violación de sus derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al mandatario estatal.

Para ello, sustentó su petición en distintas leyes como la Constitución Política y Ley de Responsabilidades de los servidores públicos y dijo que él no se opone a que se lleva a cabo de manera privada, pero no pública.

Con información de El Universal y La Razón

MSA