Los legisladores poblanos llamaron al Gobierno federal electo, al Congreso de la Unión y al pueblo de México a defender el Estado de Derecho y la división de poderes en Puebla. De no hacerlo –advirtieron– impulsarán una solicitud al Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en la entidad.
No es broma. Este lunes a través de un desplegado, los legisladores piden a los presidentes del Senado de la República y Cámara de Diputados, Martí Batres Guadarrama y Porfirio Muñoz Ledo, así como al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que fijen una postura sobre las condiciones políticas de la entidad.
Evidenciando la pretensión de Morena para otorgar control a su líder, Andrés Manuel López Obrador –o falta de conocimiento legislativo–, para los morenistas las observaciones del Ejecutivo Estatal son reprobables y calificaron las mismas como un veto para mantener privilegios en la entidad.
En la misiva, aseguraron que en la entidad hay un grupo, que identifican cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle, que intenta mantener sus privilegios mediante relaciones políticas y económicas.
Por lo anterior, aseguraron que de continuar el “boicot”, realizarán la petición ante el Senado de la República para que se declare la desaparición de los poderes.
Los 22 legisladores de Morena, PT y Encuentro Social, lamentaron que el gobernador Antonio Gali Fayad, utilice sus facultades para rechazar tres reformas de ley que en su momento afectaron los intereses de los poblanos. Al mismo tiempo denunciaron haber sido objeto de amenazas, chantajes e intentos de soborno.
Cabe mencionar que, la desaparición de poderes es una facultad del Senado mexicano que le permite declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un estado de la República y disponer la intervención federal para subsanar los trastornos graves que hayan provocado esa situación.
En México, ocurrió lo anterior en dos ocasiones: Guerrero en 1960-1961 e Hidalgo en 1975, para mostrar cómo dicha facultad, otorgada por el artículo 76 de la Constitución de 1917, fue en la práctica un instrumento de control del régimen autoritario que gobernó a México durante el siglo XX, pues servía a los presidentes para suprimir gobiernos estatales cuyas acciones rompían el orden constitucional, ponían en riesgo la gobernabilidad o desafiaban la autoridad presidencial.
Vale la pena cuestionar si los legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia ya vislumbran otro régimen tal y como ocurrió en aquellos años.
