En los últimos días se ha generado una guerra de declaraciones entre los candidatos presidenciales Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, en torno al tema de Combate a la Corrupción, en el caso de políticos y servidores públicos —investigar, juzgar y encarcelar a los políticos corruptos— específicamente al presidente Enrique Peña Nieto.
En el pasado, el candidato de Morena ha tenido varios desencuentros con el gobierno federal. Pero ahora es Ricardo Anaya quien se ha visto involucrado en diversas acusaciones –que supuestamente– vienen del aparato estatal.
Derivado de esto, el candidato presidencial por el Frente declaró que en caso de ser presidente, se compromete a “consolidar una Fiscalía autónoma y apartidista que sea acompañada por una Comisión de la Verdad con asistencia internacional, para investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente Peña”..
Pero no solamente quedaría la investigación en EPN. ¡Por supuesto que no!
Anaya se refiere a corrupción “del gobierno”, bajo una visión integral que, sin duda, ampliaría la investigación a Luis Videgaray por su mansión en Malinalco, presuntamente financiada por contratistas del gobierno; o bien, al propio José Antonio Meade, señalado por supuestos actos de omisión, fingimiento o complicidad en las irregularidades detectadas por la ASF en Sedesol.
Por su parte, el abanderado de Morena-PT-Encuentro Social a la presidencia, calificó de “demagogia” la propuesta del panista Ricardo Anaya de enjuiciar al presidente Enrique Peña Nieto.
López Obrador, dejó en claro que al ejecutivo federal sólo se le puede enjuiciar por traición a la patria.
Comentó ante los medios que él presentó una denuncia después de que se aprobó la reforma energética, en la que se permitió la inversión de la iniciativa privada en actividades de extracción, distribución y comercialización de hidrocarburos en 2015, “pero le dieron carpetazo”.
“No sólo se trata del discurso demagógico, a mí me gustaría saber cómo lo va a hacer (Anaya), que me diga si va iniciar un proceso, de qué lo va a acusar, ante qué instancia se presentará la denuncia, y si procede jurídicamente, porque no se trata de engañar a la gente, claro que se puede entambar a cualquiera, pero estamos hablando de un asunto serio, que explique y que sea un tema de análisis de los especialistas, de abogados, constitucionalistas”, expresó Andrés Manuel.
AMLO aclaró que los expresidentes sí pueden ser juzgados, “pero depende de qué delitos, pero que se explicara, entiendo que es una estrategia, porque él (Anaya) está siendo investigado por lavado de dinero”.
Posteriormente, Ricardo Anaya, afirmó que Andrés Manuel no ha leído la Constitución cuando califica su propuesta de “demagógica”:
“López Obrador no ha leído la Constitución, está absolutamente confundido, no hay ninguna restricción para que se sancione a quien haya cometido un acto de corrupción. Más bien por razones de impunidad ha habido históricamente ciertos intocables en nuestro país y esto es lo que se tiene que acabar, dijo.
Ambos candidatos tienen propuestas anticorrupción y proponen investigar y castigar a servidores públicos y están de acuerdo en acabar con la impunidad.
Pero es necesario saber que la corrupción, como tal, no está prevista como delito en las leyes de nuestro país. Pero eso no significa que la misma carezca de implicaciones penales. Lo que sucede es que este fenómeno se integra por diversos delitos, cada uno con sanciones específicas.
Algunos de esos delitos son los siguientes:
Cohecho (conocido comúnmente como soborno, mordida o propina)
- Se entiende como la promesa o el ofrecimiento a un funcionario público de un beneficio indebido, generalmente en dinero, que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
- Las penas máximas son de dos a 14 años de prisión.
Peculado o malversación de recursos públicos
- Se trata del desfalco o la apropiación indebida, en beneficio propio o de terceros, de bienes o dinero público que se han confiado al funcionario en virtud de su cargo. Esta actividad puede consistir en robo simple o en actos complejos tendientes al desvío de esos recursos.
- Las penas máximas son de dos a 14 años de prisión.
Tráfico de influencias
- Es la promesa o el ofrecimiento efectuado a un funcionario público para que abuse de su influencia, con el propósito de obtener de otra autoridad un beneficio indebido que aproveche o favorezca al solicitante.
- Las penas máximas son de dos a seis años de prisión.
Abuso de autoridad
- Es la realización de funciones distintas a las que corresponden al funcionario público, o bien, usar las propias pero en exceso, con el fin de obtener ganancias ilegales.
- Las penas máximas son de dos a nueve años de prisión.
Enriquecimiento ilícito
- Es el incremento injustificado del patrimonio de un funcionario público. En esta modalidad no se sanciona el tamaño del patrimonio ni su incremento per se, sino que el mismo no se pueda justificar, o bien, que provenga de una fuente ilegal, incierta u oculta.
- Las penas máximas son de dos a 14 años de prisión.
Fraude fiscal
- Es el uso de engaños o el aprovechamiento de errores con el propósito de omitir el pago de impuestos. Por su naturaleza, este delito es doloso e implica la intención consciente de los contribuyentes de incumplir con las obligaciones fiscales a su cargo. En el caso de funcionarios públicos, la defraudación se configura de manera natural, pues quien comete cohecho o peculado, por ejemplo, difícilmente pagará los impuestos que correspondan a las ganancias ilegales obtenidas. En años recientes, las facturas falsas son un mecanismo utilizado para estos propósitos.
- Las penas máximas son de tres a nueve años de prisión.
Lavado de dinero
- Es el proceso para encubrir el origen de las ganancias generadas en virtud de algún delito de corrupción (cohecho, peculado y fraude fiscal, por ejemplo), y abarca cualquier conducta tendiente a administrar, custodiar, poseer, depositar, invertir, transportar u ocultar el dinero. El objetivo central del también llamado blanqueo de capitales es que los recursos aparezcan como fruto de actividades económicas o financieras legales.
- Las penas van de cinco a 15 años de prisión.
Delincuencia organizada
- Se actualiza cuando tres o más personas se organizan para lavar dinero, lo que en casos de corrupción no es extraño que esto suceda.
- Las penas máximas van de 12 a 24 años de prisión.
La pregunta es: ¿Por cual o cuales de estos delitos pretendería Anaya juzgar a EPN?
