El pasado 11 de mayo, en medio de la pandemia por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto con el que permitía a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de la seguridad pública del país, algo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pudo haber frenado.
Dado que la decisión de consolidar la militarización del país, eventualmente, podría provocar severas violaciones a los derechos humanos, varios políticos, expertos y organizaciones de la sociedad civil le exigieron a la CNDH que interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de dicho decreto; pero no quiso.
Fue a través de sus redes sociales, donde el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra, dobló las manos, y de plano admitió que se veía “imposibilitada legalmente” para detener el convenio que le otorgó nuevas atribuciones al Ejército vía la Guardia Nacional, pues se trataba de un “Acuerdo del Ejecutivo Federal”.
“Por tratarse de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, la @CNDH se ve imposibilitada legalmente para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, detalló la CNDH.
Por tratarse de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, la @CNDH se ve imposibilitada legalmente para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. (1/2) pic.twitter.com/2ztXuTMP6Y
— CNDH en México (@CNDH) June 11, 2020
Con este tipo de acciones queda claro que la CNDH de Piedra Ibarra ya no tiene nada de autónoma, todo lo contrario, sólo está al servicio de López Obrador, que de ahora en adelante cuenta con manga ancha para violar los derechos fundamentales de la sociedad sin que alguien lo castigue.
Con información de Expansión
