Marte Antonio Camacho Solano, un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), fue detenido en posesión de objetos vinculados a delitos; sin ebargo, un juez lo liberó.
Reportes policiacos y judiciales señalan que fue el pasado 29 de febrero de 2024 cuando agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de cateo en la zona residencial de Santa Fe, en Tijuana, Baja California.
Los elementos de seguridad tenían la instrucción de ser precavidos, pues en aquel domicilio de la Privada Alicante podían encontrarse con personas involucradas con el tráfico de personas.
Al interior del inmueble encontraron a dos funcionarios del INM. La primera era una mujer de nombre María Isabel Paredes y el otro era Marte Antonio Camacho Solano, encargado de la estación migratoria de Tijuana, cargo que ostenta desde mayo de 2009.
Datos consultados por Zeta Tijuana señalan que el cateo inició a las seis de la mañana. Durante la inspección, las autoridades encontraron un millón 90 mil pesos, 27 mil dólares, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y libretas con anotaciones de cobros que aparentemente le habría hecho a personas migrantes a cambio de dejarlos cruzar por Baja California ya fuera a México, o bien, a Estados Unidos.
Tanto Marte Camacho como María Paredes fueron presentados ante la delegación correspondiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y, más tarde, llevados ante un juez acusados por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, el 2 de marzo el juez Óscar Saúl Cortés Ortiz determinó que los detenidos debían ser liberados de forma inmediata, pues detectó una serie de “irregularidades” en el proceso de aprehensión.
Específicamente, acorde con lo publicado por Zeta Tijuana, el argumento del juez fue que existió una “demora en la presentación de pruebas”, debido a que el cateo terminó al mediodía del 29 de febrero y el acta se entregó a las seis de la tarde.
Marte Camacho y María Paredes recuperaron su libertad y regresaron a sus puestos de trabajo. A tres semanas del fallo judicial, se desconoce si la FGR presentará alguna impugnación para proceder en contra de los funcionarios que, extraoficialmente, podrían estar vinculados con casos de extorsión a migrantes.
Con información de Infobae
MSA
