De manera unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los promocionales que difundió el PRI en contra de la hoy senadora electa Nestora Salgado, contribuyeon a la calumnia.
De hecho, lo que hizo el Tribunal fue ratificar las resoluciones ya hechas por la Sala Regional Especializada y ponerle cifras al castigo tricolor. Así que la multa que habrá de pagar el Revolucionario Institucional por llamarle “secuestradora” a una candidata plurinominal del partido adversario es de 443 mil pesos.
Sin embargo, para la expolicía comunitaria acusada de plagio no fue suficiente la sanción, ya que en sus redes sociales dejó ver su inconformidad por la multa que el TEPJF le impuso a sus “difamadores”: “¿443 mil pesos? La calumnia deja en peor situación al calumniador; nunca al calumniado”, expresó.
¿443 mil pesos? “La calumnia deja en peor situación al calumniador; nunca al calumniado.” https://t.co/4oIRu49bZh
— Nestora Salgado (@nestora_salgado) 24 de agosto de 2018
Desde el pasado 12 y 27 de julio la Sala Regional Especializada analizó las quejas presentadas por Morena y Nestora Salgado relativos a los contenidos de spots que el PRI difundió en pleno proceso electoral. En ellos, el tricolor señaló a la entonces candidata al Senado por la vía plurinominal de “secuestradora”. Resultado del análisis, se determinó que el PRI hizo “imputaciones directas” que “implican negligencia inexcusables”… además de “real malicia” al difundir los spots denominados “Delincuente”.
El caso de Nestora Salgado data de 2012, cuando en respuesta a la inseguridad formó la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá, Guerrero. En 2013 fue detenida por el delito de secuestro y delincuencia organizada. Después de un largo proceso, fue liberada en 2016, sin embargo, la Fiscalía de Guerrero indica que aún hay dos causas penales en su contra.
En febrero de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, determinó que la detención de Nestora fue arbitraria e ilegal, ya que ella se encontraba realizando actividades relacionadas con la policía comunitaria, amparada en las leyes mexicanas.
En su momento, el abogado de la ahora senadora electa indicó que los montos que su cliente solicitó eran medidas para la reparación del daño por los delitos que habían cometido, ya que las policías comunitarias de los pueblos indígenas también tienen autoridad para emitir sanciones privativas de la libertad o multa.
