Lázaro Serranía Álvarez, de 63 años, laboró 19 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero recientemente lo despidieron, justo cuando comenzaba a presentar síntomas de COVID-19.
El órgano que preside Rosario Piedra Ibarra ya no le depositó la primera quincena del mes de junio, también le canceló su correo institucional el día 4 del mismo mes; incluso, a sus compañeros departamento les prohibieron dirigirle la palabra.
De acuerdo con Proceso, Serranía Álvarez no sería el único empleado de la CNDH que se ve en esa situación, pues hay otros a los que ya no les pagaron su sueldo entre los días 10 o 25 de cada mes.
Cabe señalar que este trabajador fungió como subdirector de Comunicación Social del órgano autónomo los últimos 19 años y nunca antes le habían dejado de depositar su salario.
Ante situación, Álvarez Serranía decidió buscar a sus jefas inmediatas; una fue Valeria Jasso, directora de Difusión, misma que “fingió sorpresa! al enterarse de la noticia. Mientras que Alejandra Ezeta, directora general, de plano le informó, por WhastApp, que ya estaba cesado, pero no le explicó los motivos de esa decisión.
Ezeta solo le comentó que fue una determinación que tomó Francisco Estrada, secretario Ejecutivo de la CNDH, y a pesar de los intentos, Lázaro Serranía no se ha podido comunicar con él.
“No se si es un castigo, no veo la causa, o una medida disciplinaria fuera de la norma, no se por qué; no he sabido nada del tema, pero necesito mi salario, ahora sí por emergencia, ya que desde hace tres semanas tengo dificultad para respirar; no se me ha diagnosticado coronavirus 19, tampoco se me ha descartado. Para mi atención médica y hacerme los exámenes y estudios que se requieran necesito de esos recursos ya que carezco de ahorros (sic).
“Si se tratara de un recorte de personal más, lo entendería, pero hasta para eso hay formas y la principal es enterar al trabajador de una decisión de despido, son las mínimas atenciones de respeto a los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y a sus derechos humanos, en la Casa de los Derechos Humanos”, aseveró Serranía, quien desconoce si la presidenta de la institución “sabe de estos actos anticonstitucionales contra los empleados, yo creo que no, porque no lo permitiría”.
Después de que el caso de Lázaro Serranía se difundió entre sus compañeros de trabajo, Ezeta únicamente se limitó a informarle que “se verá” el tema correspondiente a su liquidación.
Lamentable lo que se vive en la CNDH de Piedra Ibarra, institución que ya ni respeta los derechos laborales de sus empleados, como este despido injustificado.
Con información de Proceso
