Un grupo de personas y empresas nacionales y extranjeras revendieron productos alimenticios mexicanos a 112 por ciento arriba de su valor en Venezuela. Dicho acto fue perdonado por la Procuraduría General de la República (PGR), sólo quedando en una sanción que obtuvo el Ministerio Público de la Dependencia.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, en conferencia de prensa, dio lectura de un mensaje en el que informó que la PGR detectó la existencia de diversos operadores, quienes tenían relación con el gobierno de Venezuela, y obtenían productos alimenticios que suministraban a dicho país, para la cual acudían a diversos países, incluido México
“Este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) han obtenido recursos desviándose de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentario que aqueja a Venezuela”, expuso.
Salas comentó que el presidente Nicolás Maduro, creó el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), existentes en Venezuela desde 2016, cuyo propósito es distribuir, entre la población afiliada a estos, despensas a precios subsidiados.
Tras la investigación, la PGR, –dijo– se localizaron mil 300 contenedores marítimos en México con cerca de 1.8 millones de despensas alimenticias que tenían destino a Venezuela. Asimismo, se pactó con los imputados que la entrega de tres millones de dólares, los cuales van a ser donados a el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en América Latina y el Caribe.
Los sancionados, también se comprometieron, a “no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquél país”.
