Señalada de renunciar en sus funciones ante la militarización de la seguridad pública del país, Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “avala” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Así lo aseguró Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien anteriormente respaldó el nombramiento de Piedra Ibarra como titular de esta Comisión, e incluso acudió a su toma de protesta ante el Senado, el 12 de noviembre de 2019.
Durante su comparecencia en el Senado el pasado miércoles 7 de diciembre, Piedra Ibarra defendió la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, aseguró que ha emitido12 recomendaciones contra la Guardia Nacional (GN) y 10 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre hechos pasados y del presente.
“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”, expuso ante legisladores.
CNDH no presta atención a riesgos de militarización de seguridad pública
Un día antes de emitir esas declaraciones, en Nuevo Laredo, María Isamar Pérez Caballero denunciaba, desde una cama de hospital, que miembros de la GN le dispararon sin motivo mientras transitaba en su automóvil en las inmediaciones del Puente Internacional.
En una videograbación divulgada por el CDHNL, la mujer narra que una camioneta de la GN intentó cerrarle el paso, pero ella aceleró; los militares la alcanzaron e impactaron su vehículo, para después dispararle en dos ocasiones.
“Me empezaron a hablar muy feo, me quebraron los vidrios del carro, les pedí ayuda, miraron que estaba sangrando y no me quisieron ayudar”, narró María Isamar, al reconocer que fueron los vecinos que atestiguaron lo ocurrido quienes pidieron una ambulancia que la trasladó al Hospital de Especialidades, donde es atendida por heridas provocadas por impactos de arma de fuego.
Este caso, presentado ante la CNDH, forma parte de una serie de quejas que alertan sobre los riegos que vive la población de Nuevo Laredo ante la militarización de la seguridad pública.
Para Ramos Vázquez, la situación se agrava cuando la CNDH decide concluir expedientes de queja presentados por el CDHNL por abusos cometidos por miembros de la Sedena y GN, basados en los informes de las instituciones aludidas, sin una investigación exhaustiva, de campo y de la mano de las víctimas.
En una entrevista otorgada a la revista Proceso, Ramos Vázquez comparte oficios de conclusiones de quejas presentadas ante la CNDH en las que no se incluye la consideración de las víctimas ni las pruebas presentadas por ellas y sus representantes, e incluso falseando información, al señalar que los agraviados y sus representantes no presentaron elementos.
Con información de Proceso
MSA
