Activistas, ambientalistas y organizaciones civiles que se oponen al Tren Maya enviaron una solicitud al sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), la instancia ambiental integrada al T-MEC, para que se investigue por qué el Gobierno de México no está aplicando su legislación ambiental para construir esta megaobra.
En un documento, los inconformes resaltan para la construcción del el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, se desmontan y talan cientos de árboles.
En ese sentido, enfatizan que la construcción de este tramo inició sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que exige la ley, y que las obras pueden afectar a cenotes, cavernas y ríos subterráneos, así como la disponibilidad de agua para toda la región, “además de considerar un riesgo la fragilidad del suelo kárstico”.
“Solicitamos que se admita la petición, se haga una investigación y, en su momento, se haga una publicación del expediente de hechos del asunto elevado y hecho de su conocimiento”, dice el escrito firmado organizaciones ambientalistas como Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos, Jaguar Life Center y 19 ciudadanos.
Asimismo, se detalla que en la zona por donde pasará el Tren Maya se han localizado 248 cenotes y 198 contextos arqueológicos, así como restos óseos de individuos con más de 9 mil años.
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Sobre este tema, el pasado 6 de julio el colectivo “Sélvame del Tren” entregó una carta a la Unesco para solicitar su ayuda para frenar la construcción del Tramo 5, pues considera que están en riesgo el patrimonio natural de México y la humanidad.
Por otra parte, en el documento se hace referencia a la reciente decisión del Gobierno Federal de declarar las obras del Tren Maya como un asunto de “seguridad nacional” para así tratar de destrabar la construcción del Tramo 5, que cuenta con amparos vigentes ante la justicia.
A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido públicamente la legalidad de esta medida que ha llevado a las excavadoras a retomar los trabajos, los activistas denuncian que el acuerdo es violatorio de los principios de prevención, precaución, progresividad de los derechos humanos y de no regresión en materia ambiental.
Incluso, señalan que la obra del Tren Maya no encaja en ninguno de los supuestos que marca la Ley de Seguridad Nacional.
Con información de Animal Político
MSA
