Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia y aspirante de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), podría quedar fuera de la contienda electoral por un problema legal que tiene sus orígenes en el año 2005 en la alcaldía que gobernó, con pobladores indígenas del barrio de Culhuacán, y que no pudo resolverse durante su administración.
Dicho problema ha escalado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y podría truncar las aspiraciones de Brugada, pues no solo quedaría fuera de la contienda para 2024 sino se le podría prohibir ejercer cargos públicos hasta por 10 años.
El pleito es sobre la posesión de un cementerio, que los grupos indígenas reclaman desde 2005 para usarlo, según sus costumbres ancestrales en un régimen comunitario, de acuerdo con un reportaje realizado por el medio El País. La alcaldía Iztapalapa ha disputado su uso como panteón civil, accesible a toda la población, de religión católica y bajo el control de la administración local.
Aunque Brugada no inició el problema, ha sido involucrada en el proceso por no haber acatado diversas instrucciones judiciales para resolverlo.
Demanda podría dejar fuera a Clara Brugada de elecciones
En 2017, durante la administración de la perredista Dione Anguiano, los pueblos indígenas presentaron a la alcaldía una lista de peticiones sobre el uso del cementerio.
Tras lo anterior, la administración atendió algunas de las exigencias, pero no todas, según los demandantes, “que promovieron entonces un juicio de amparo”.
Entonces, en 2019 y 2021, ya durante el mandato de Clara Brugada, un tribunal colegiado determinó que el amparo no se cumplió “debidamente” por parte de las autoridades locales: el director jurídico de Iztapalapa y la entonces alcaldesa, vinculada como “superiora jerárquica”.
El caso fue referido a la SCJN, que realiza la etapa de análisis, pero si confirma la omisión de las autoridades demandadas, la precandidata podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, “según lo establece la ley”.
Lo anterior significa que la abanderada del partido guinda en la capital sería “inelegible” como jefa de Gobierno.
“Una fuente de la Corte” le relató al periódico El País que “se dará una nueva oportunidad a las autoridades de Iztapalapa para que den cumplimiento al amparo y el asunto quede salvado”.
Sin embargo, en abril de 2019, el tribunal supremo le había solicitado a la alcaldía “subsanar las omisiones”.
El País también consultó al equipo de la precandidata, que recalcó que Clara Brugada no está señalada en el incumplimiento.
Sin embargo, la Ley de Amparo establece “claramente su responsabilidad como superiora jerárquica del director Jurídico, aun cuando deje el cargo de alcaldesa”.
Además, los abogados de la morenista resaltaron que las peticiones de los grupos indígenas sobre el cementerio comunitario “no son atribución de la alcaldía”.
La afirmación es contraria a las realizadas por los jueces, quienes han amparado a los demandantes.
“Sigue el litigio”, afirmaron los asesores jurídicos de Brugada Molina.
