Delitos de corrupción cometidos por funcionarios aumentan a 98.1% en México

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Foto: Reporte Indigo

El Índice de Corrupción Estatal de la ONEA México colocó a 21 de las 32 entidades federativas de México en parámetros de corrupción “media” y, al resto, en estándares de corrupción “alta”.

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Delitos de corrupción cometidos por funcionarios aumentan a 98.1% en México

Estos resultados derivan de la disminución en los niveles observados durante el año 2021, en el que la mayoría del territorio se ubicó en contextos de “alta” y “muy alta” prevalencia. Sin embargo, el informe continúa arrojando indicadores de corrupción elevados en gran parte de las entidades del país.

Durante 2022 las fiscalías locales radicaron 21 mil 13 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. Esto es 2.36% menor a las 21 mil 520 indagatorias registradas el año anterior.

La conducta más denunciada a escala nacional es el abuso de autoridad, concentrado principalmente en los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Puebla. También destacó la tortura, el ejercicio ilegal y abusivo de funciones, el enriquecimiento ilícito, el peculado y el cohecho.

Incremento de casos impunes

De cada 100 casos, un promedio de 7.6 fueron determinados para el ejercicio de la acción penal y turnados al conocimiento de los tribunales competentes. Del total, sólo 1.83% concluyó con la sanción del servidor público responsable. Esto es significativamente menor que el índice de 5.21% de punibilidad reportado en 2021.

En términos absolutos, el número de sentencias condenatorias dictadas por los poderes judiciales se redujo de mil 121 a tan sólo 384 en el periodo 2021-2022. Así, el descenso en la incidencia fue opacado por un incremento en la impunidad, que transitó de 94.8% a 98.1 por ciento.

Los tribunales de 19 entidades registraron un índice de punibilidad menor a 1%. Resalta la situación de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero y Oaxaca, cuyas autoridades informaron la ausencia de sanciones penales por cinco años consecutivos. En esta edición del corruptómetro se suman a la lista de administraciones sin resoluciones condenatorias los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Impunidad administrativa

La información recabada por la ONEA México permite conocer qué 72.9% de las determinaciones judiciales correspondió al delito de cohecho; de las cuales 90% fueron emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pese a ser el delito con la mayor incidencia, el abuso de autoridad únicamente conformó 5.9% de las sentencias dictadas.

Otra variable analizada por la organización es la incidencia e impunidad administrativa, entendida como la detección y penalización de aquellas conductas que, sin actualizar propiamente un hecho delictivo, configuran faltas a las atribuciones concedidas a los funcionarios para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

Los resultados en este rubro exhiben una frecuencia casi cuatro veces mayor que en materia penal, al registrar 78 mil 355 expedientes aperturados sólo durante 2022. Esto representa un incremento de 54.66% en relación con las 50 mil 663 investigaciones iniciadas la anualidad anterior.

Estados con mayor incidencia

Pese a una disminución de 1.81 puntos porcentuales, la impunidad administrativa se colocó en una media nacional de 92.11%; en suma, la facultad sancionatoria sólo fue ejercida en seis mil 183 casos, equivalente a 7.89 por ciento.

La figura más utilizada para la aplicación de sanciones fue la amonestación privada, empleada en 52% de las determinaciones. Le siguieron la inhabilitación temporal (20.07%), la amonestación pública (18.30%), la suspensión del empleo (6.66%), la destitución (1.56%) y las penas económicas (0.7%).

Los parámetros más elevados de impunidad se observaron en Nayarit y Sinaloa, con un reporte de cero resoluciones de responsabilidad. Detrás se ubican Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Guanajuato, todos con indicadores superiores a 99%; a excepción de Chihuahua, estas entidades presentaron, a su vez, un aumento en sus valores de impunidad en el periodo 2021- 2022.

Percepción ciudadana

Además de las variables objetivas, el índice considera la percepción ciudadana como un elemento fundamental para la adecuada evaluación de la legitimidad y desempeño de las instituciones del Estado. En ese ámbito se detectó un decrecimiento de 2.4% en la sensación general de corrupción, asentándose en 64.7% poblacional.

Esta disminución ocurrió en 21 de las 32 entidades del país. No obstante, 93.75% del territorio se mantuvo con un promedio de percepción de corrupción superior a la mitad de sus habitantes.