La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por un daño de seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos al fisco federal, delito que es sancionado con prisión de tres a nueve años.
En el dictamen publicado este jueves en la Gaceta Parlamentaria, esa instancia jurisdiccional concluyó que los otros dos delitos que se le imputan al gobernador tamaulipeco, delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron acreditados parcialmente por la Fiscalía General de la República (FGR), pero precisó que podrán ser comprobados en el juicio penal en su contra.
La Sección Instructora explicó que el delito de defraudación fiscal quedó acreditado porque en el año fiscal 2019, García Cabeza de Vaca reportó ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por seis millones 694 pesos.
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Por ello, y atendiendo a los criterios y principios que rigen la política criminal y el sistema jurídico penal mexicano, señala el dictamen que se puede afirmar que la conducta prevista en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se actualiza en el caso que nos concierne.
“El acusado se sitúa en la hipótesis delictiva consistente en consignar en sus declaraciones deducciones falsas o, en este caso, ingresos menores a los realmente obtenidos”, remarcó.
Por lo que hace a la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Sección Instructora expuso “dudas lógico jurídicas” sobre la licitud de las ganancias del gobernador panista durante los últimos años, pero estimó pertinente dejar la comprobación de los elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Con información de Milenio y El Nacionalista
MSA
