De invalidar “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión: Presidencia

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A través de un comunicado, la Presidencia de México indicó que en caso de invalidar el “Plan B” electoral; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

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De invalidar “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión: Presidencia

“De invalidarse proceso legislativo del ‘Plan B’, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.

Además, señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas; siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.

“De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, se lee en el comunicado.

La dependencia federal manifestó que “debe prevalecer el fondo sobre la forma”, pues señaló que así lo prescribe el artículo 17 constitucional y criterio que fue utilizado por la SCJN; esto al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos.

Reproche a la Suprema Corte

“El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo; por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”, señaló la CJEF.

En el comunicado, la dependencia federal reprochó que la Corte haya negado su petición para resolver, en primer término; las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS). Por lo que, señaló, la SCJN demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia); y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada.

DC