Hace pocos días, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, emitió una orden de arresto en contra del jerarca ruso, Vladímir Putin, por perpetrar crímenes de guerra asociados a la deportación y traslado ilegal de niños y niñas ucranianos, que se encontraban en los territorios ocupados y que en muchos de los casos, los testimonios refieren al secuestro de los menores por parte de los soldados de las fuerzas armadas rusas, incluyendo a los mercenarios del Grupo Wagner, en actos ilegítimos, siendo trasladados hacia una diversidad de localidades al interior de la Federación Rusa, para su adopción y legalización como parte de la población rusa (la Universidad de Yale y el programa del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EEUU, consideran que son al menos 6,000 menores ucranianos sustraídos de su patria y ubicados en 43 campamentos rusos, pero para la Oficina Nacional de Información del Gobierno de Ucrania, la cifra puede ser de 16, 000).
Para llevar a cabo la investigación se determinó, por parte de la CPI, que el fiscal Karim Ahmad Khan, (nacido en marzo de 1970, estudio abogacía en el King’s College de Londres, ejerciendo desde 1992, por autorización del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, posteriormente, obtuvo su grado de doctor en derecho por la Universidad de Oxford. En 1995 fungió como Fiscal Superior de la Corona. Hacia 1997 es nombrado oficial jurídico del Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia, colaborando posteriormente en el genocidio de Ruanda. Sus especialidades son: el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los DDHH.), estudiara la situación, de la cual determinó que era inadmisible que a los niños se les tomara como botín de guerra, siendo sustraídos de hogares, orfanatos y casa de acogida para ser entregados en adopción, acto por demás reprobable, por la modificación presidencial a la ley de la Federación Rusa referente a la ciudadanía rusa.
Los testimonios, testigos y pruebas fueron debidamente analizados, lo que permitió que la CPI definirá, con total pulcritud, que el hombre más poderoso de Rusia, sea definido como un paria internacional y que aquellas naciones que son parte de dicha Corte Internacional deben de arrestarlo, no importando su estatus diplomático. Ante esta situación, el Comité de Investigación de Rusia anunció que abrió una causa penal contra el fiscal Khan y los jueces de la CPI (Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez), por considerar que se está llevando a cabo una persecución ilegal, sin fundamento alguno, pues consideran que el presidente Putin mantiene la inmunidad absoluta frente a cualquier jurisdicción extranjera.
Tal acción por parte del gobierno de Putin, es parte de toda una retórica por establecer que las acciones expansionistas que está llevando a cabo, entre estas también se encuentran la destrucción de la infraestructura crítica de Ucrania, que es otra carpeta de investigación con la que cuenta la CPI. El juego de poder sobre el tablero mundial movió estas piezas para cercar más las acciones rusas sobre Ucrania y hacer un llamado muy significativo de la constante violación de los derechos humanos que llevan sobre la población ucraniana, desde la toma de Crimea y luego con la invasión a la soberanía ucraniana.
De igual manera, en una sincronía muy especial, diversas instancias legales y políticas de EEUU, han determinado 4 investigaciones en contra del expresidente Donald Trump, en un acto inédito para esa nación y más aún, por las circunstancias propias a la seguridad internacional que prevalece actualmente. Son las siguientes:
1.- Imputación por el pago de $130, 000 dólares a la ex estrella del cine pornográfico, Stormy Daniels, por haber prestado servicios sexuales con el candidato Trump en la elección presidencial de 2016 y ser obligada a mantener el silencio de dicho encuentro. El pago se realizó por medio del entonces, abogado del candidato republicano, Michael Cohen, haciendo el registro del desembolso como un gasto de sus negocios, es decir, la Organización Trump, misma que ya fue declarada culpable en diciembre pasado, por fraude y falsificación, con una multa de 1,6 millones de dólares y una condena de 5 meses de cárcel para su director financiero, Allen Weisselberg. No se debe soslayar, que dicho pago salió de las aportaciones públicas a la campaña de Trump. Tal situación permitió identificar actos fraudulentos de los hijos de Trump, cuándo este estaba al frente del gobierno de EEUU, pues en le proceso de fiscalización de sus impuestos no se han encontrado 250 millones de dólares.
2.- En agosto pasado, el FBI localizó documentos clasificados en la residencia personal de Trump en Mar-a-Lago, en la Florida, siendo más de 11, 000 documentos, entre estos se identificaron 100 considerados como ultrasecretos. Por tales actos, el Departamento de Justicia, ha establecido que Trump, muy factiblemente, violó la Ley de Espionaje al guardar información de seguridad nacional, que puede usarse en menoscabo de los EEUU.
3.- El asalto premeditado al Capitolio, el 6 de enero de 2021, en donde a causa de un discurso duro en contra del candidato ganador, Joseph Biden, el expresidente motivo a que sus partidarios defendieran su causa, violentado el orden legal y a las propias instituciones del Estado estadounidense. Al respecto, se estableció un Comité especial en el Congreso (siete demócratas y dos republicanos), que por 18 meses estableció toda una investigación que determinó, que Trump incitó a la violencia y a la insurrección. El Comité prescribió la recomendación de 4 cargos penales, mismos que están en un impasse en el Departamento de justicia.
4.- Modificar los resultados electorales en el estado de Georgia, durante las elecciones de 2020, destacándose en esta acción, una llamada que realizó Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le exigió que se encontraran 11.780 votos favorables al candidato republicano. El jurado que se estableció al respecto, expresó su recomendación, misma que aún permanece sellada. Todo prevé que las acusaciones son muy serias y que pueden ser acusados y condenados a cárcel los implicados en esta trama, entre estos el propio Trump.
En algunas de las diversas entregas de esta columna, se ha hecho énfasis del grave problema que enfrenta la democracia y las libertades humanas para hacer frente ante la andanada de acciones populistas-totalitarias en prácticamente cada continente; sin embargo, las acciones que se han implementado de manera muy puntualmente por parte de los sistemas jurídicos, uno el internacional a través de la CPI y otro, de las propias instituciones del Estado estadounidense, están permitiendo buscar el reencuentro de los delicados equilibrios que el sistema nacional y el internacional tienen para mantener el statu quo de la seguridad internacional.
El tablero mundial, acoge en sus movimientos, las sutiles acciones de la estrategia jurídica para fortalecer las acciones del Estado-nacional actual e incluso, recordando a los diversos actores involucrados, que nada está por encima de la ley y que cuando es menester aplicarla, está debe de ser acatada y así evitar la anarquía total, cuyo resultado sería impulsar la conflictividad en escenarios nada deseados por parte de la mayoría de las naciones.
Mientras tanto, en Palacio Nacional, nada que la ley es la ley, los sucesos más que lamentables en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, son una muestra del abandono de la aplicación de la ley, pero también, de la falta de acción en materia de Derechos Humanos, de la falla de los controles de seguridad interior, de la inoperancia del oficio político y de no actuar conforme a la responsabilidad de dar certidumbre a un problema tan grave y complejo como es la migración forzada. Tras los acontecimientos, los gobiernos de Honduras y El Salvador y en menor medida, Guatemala, exigen una investigación seria de lo acontecido, como también, El propio Departamento de Estado estadounidense y la Unión Europea está atenta a los acontecimientos, sin soslayar la sutil declaración papal. El mundo nos mira, nos observa y emite sus juicios, opiniones y recomendaciones que no son nada complacientes con la actitud del Estado mexicano.
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