Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de un proyecto que facultaría a una empresa farmacéutica para investigar, desarrollar y comercializar medicamentos cuya materia prima sea la marihuana.
Igual que ocurrió con los amparos promovidos por abogados vinculados con la organización México Unido contra la Delincuencia, la empresa farmacéutica solicitó a la Cofepris el permiso para investigar, desarrollar y comercializar la marihuana medicinal. Ante la negativa –respaldada en la Ley General de Salud–, la farmacéutica tramitó a un juicio de amparo –que también perdió–, y entonces el caso llegó a la Corte.
Lo dicho, la ruta ya está definida.
Al botepronto, resulta curioso que la Corte lleve a cabo esta discusión luego que muchos cuestionaron al Poder Judicial por tratar de hacer el trabajo del Poder Legislativo.
También resulta curioso que los interesados en revivir el debate para regularizar la marihuana sigan dando vueltas al tema y se resistan a encararlo. Y es que, donde los abogados de México Unido contra la Delincuencia argumentaron que la negativa al consumo lúdico de marihuana atentaba contra el desarrollo pleno del individuo, la empresa farmacéutica clama que la restricción vulnera el derecho a la salud de los mexicanos.
Es decir, que sigue sin aparecer el valiente que diga las cosas como son y que admita, sin pretextos y justificantes chabacanos, que tiene interés en consumir marihuana.
Pero hay más. También resulta curioso que, según el Ministro Eduardo Medina Mora, la empresa que pretende investigar, desarrollar y comercializar la marihuana medicinal no tiene antecedentes en la materia.
De acuerdo con el Ministro, la empresa no es una compañía farmacéutica, no se encuentra en operación, no tiene trabajadores propios, su capital es de apenas 10 mil pesos y se trata de una sociedad mercantil con apenas dos socios. Es decir, que para Medina Mora, podría tratarse de una compañía con fines ilícitos.
Y la cosa no termina aquí. Para el abogado Miguel Ángel Antemate Mendoza –integrante de la ponencia del Ministro Javier Laynez–, “si sólo se beneficiara de momento a esta empresa farmacéutica, ésta gozaría de una ventaja comparativa respecto de la venta de productos medicinales derivados del Cannabis y/o THC, lo cual equivaldría a que la sentencia abriría un nuevo mercado y, al mismo tiempo, dotaría a esta empresa de una posición monopólica en éste –pues, de momento, sólo ella estaría autorizada para investigar, desarrollar, patentar, producir y comercializar los referidos medicamentos y tratamientos con THC”.
Es decir, que la Corte podría entregar el permiso de comercializar marihuana a una empresa ilegal y podría, además, fijar las bases para una empresa monopólica. ¿Sabrán los ministros la joyita que tienen en las manos?
