Al negarse a presentar una controversia constitucional en contra del “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dilapidó lo poco que le quedaba de prestigio como jurista.
Y es que al negarse a presentar la controversia, actuó como militante de la llamada “Cuarta Transformación” y como subordinada del presidente de la República, cuando debió asumir una posición institucional y apegada a su formación profesional.
Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en al menos tres ocasiones Sánchez Cordero reconoció el interés legítimo que tiene el Senado para presentar controversias constitucionales, algo que ahora, como militante de la “4-T”, niega.
En las controversias constitucionales con números 73/2010 y 74/2010, presentadas en el 2010 por las cámaras de Diputados y de Senadores, Sánchez Cordero reconoció el interés legítimo de ambas instancias y concedió sendas suspensiones provisionales contra un decreto del presidente Felipe Calderón.
El decreto estaba relacionado con el adelanto del apagón analógico, que originalmente estaba programado para el 2015.
Pero antes, en el 2002, Sánchez Cordero fue una de los ocho ministros que hicieron mayoría para anular una reforma legal impulsada por el presidente Vicente Fox, que permitía la participación privada en el sector eléctrico.
Dicha reforma había sido impugnada por la Cámara de Diputados y el Senado, en uso de su interés legítimo, que ahora, por su fiel obediencia al presidente de la República, desconoció Sánchez Cordero.
