La elección judicial programada para el 1 de junio de 2025 en México, un proceso inédito para elegir a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, ha generado preocupación en la comunidad internacional. Este evento histórico, derivado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, ha sido calificado por diversos analistas como un “experimento complejo” que podría afectar la independencia judicial y el Estado de derecho en el país.
Un Proceso Bajo la Lupa Internacional
Organismos y medios internacionales han expresado inquietudes sobre la elección popular de jueces en México. Según reportes, el diario Financial Times describió el proceso como un “experimento kafkiano”, señalando que la falta de claridad en las reglas, la opacidad en la selección de candidaturas y el diseño complicado de las boletas podrían comprometer la equidad y legitimidad de los comicios.
Estas críticas destacan que la elección podría facilitar la influencia de actores políticos y del crimen organizado, afectando la gobernanza del país.
Por su parte, el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), una coalición de organizaciones sin fines de lucro, ha advertido sobre condiciones de inequidad en la distribución de vacantes y candidaturas.
Según un estudio reciente, el 6.3% de los aspirantes a cargos judiciales no tienen posibilidades reales de ganar, mientras que el 2% enfrenta probabilidades mínimas, lo que pone en duda la competitividad del proceso.
Además, el diseño complejo de las boletas podría dificultar un voto informado, especialmente para personas con discapacidades o analfabetismo.
Preocupaciones por la Independencia Judicial
La reforma judicial mexicana busca democratizar el acceso a la justicia y combatir la corrupción, pero críticos internacionales argumentan que la elección popular de jueces podría politizar el Poder Judicial.
Analistas de firmas como Mayer Brown han señalado riesgos de pérdida de experiencia técnica debido a la sustitución masiva de jueces, así como incertidumbre jurídica que podría desalentar la inversión extranjera.
También se ha cuestionado la falta de normas claras y la posible injerencia del Poder Ejecutivo, lo que podría debilitar la autonomía judicial.
En el ámbito económico, las tensiones derivadas de la elección judicial coinciden con desafíos en la relación con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC. Líderes como el primer ministro canadiense Justin Trudeau han expresado críticas a las políticas comerciales mexicanas, lo que suma presión al panorama político del país.
Poca participación en la elección judicial
Además, encuestas indican un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre el proceso: el 86.4% de los mexicanos desconoce cómo se eligen los jueces, y solo el 38% planea participar, según datos de Enkoll y EL PAÍS.
