Corte Suprema de EU bloquea demanda de México contra armerías

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La Corte Suprema de Estados Unidos (EU) bloqueó la demanda en la que México acusó a fabricantes de armas de fomentar violencia de los cárteles.

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Corte Suprema de EU bloquea demanda de México contra armerías

El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de EU que en gran medida protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en delitos.

Fabricantes de renombre como Smith & Wesson habían apelado a los jueces después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda avanzara.

Esto bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley.

México había pedido a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas.

El caso comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas.

Entre ellas incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.

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Armerías aprovecharon la demanda de armas de los cárteles

México tiene leyes estrictas sobre armas y solo cuenta con una tienda donde las personas pueden comprar armas de fuego legalmente.

Sin embargo, miles de armas son introducidas de contrabando por los cárteles de drogas del país cada año.

El gobierno mexicano afirma que al menos 70% de esas armas provienen de EU.

La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.

Las empresas rechazan las acusaciones, argumentando que la demanda de México no demuestra en absoluto que sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.

Protección para los fabricantes de armas

Un juez federal desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió.

El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EU en Boston determinó que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.

DC