Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el candado que prohíbe a exfuncionarios trabajar en empresas privadas por 10 años después de dejar el cargo.
En ese sentido, la Corte anuló la prohibición a los altos funcionarios federales para trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su cargo en el sector público.
Fue por unanimidad, que el Pleno del Máximo Tribunal del país invalidó este candado que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde noviembre de 2019.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó un candado de cinco años, pero el Senado incrementó el plazo a los diez años que el presidente había planteado en su iniciativa de ley, lo que fue impugnado ante la Corte por senadores de oposición.
La Corte consideró que el objetivo de la norma es válido, porque se busca evitar que funcionarios favorezcan a empresas a las que regulan a cambio de obtener posteriormente empleos u otros beneficios.
Sin embargo, se determinó que el periodo de 10 años es excesivo, que afecta de manera desproporcionada el derecho humano de libertad de trabajo, y que su utilidad para combatir la corrupción no fue justificada por el Congreso.
“El grado de afectación que en el caso sufre el derecho al trabajo, no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo”, explica el fallo.
De acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán la norma daba un trato diferenciado no justificado, pues sólo estaba dirigida a mandos superiores del Gobierno federal, pero no a cualquier funcionario que tenga acceso a información privilegiada.
“(La ley) se dirige a un universo de sujetos desproporcionadamente amplio, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni riesgos de corrupción”, agregó en contraste el ministro presidente Arturo Zaldívar, al considerar que es una norma sobre inclusiva.
Mientras que el ministro Luis María Aguilar destacó que existe duplicidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sólo fija plazo de un año para que exfuncionarios no emigren a empresas a las que regularon.
¿A qué exfuncionarios afectaba esta ley?
Los mandos superiores a los que afectaba este candado eran los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales y adjuntos, así como puestos equivalentes.
Cuando entró en vigor esta ley, en 2019, provocó algunas renuncias en órganos del Gobierno, sobre todo los especializados en materia financiera, y también amparos que quedarán sin materia ante la anulación del candado.
Una vez que la Corte notifique su sentencia, el Congreso podrá volver a legislar el tema, y es posible que pudiera intentar retomar el plazo de cinco años, que podría ser visto con mayor simpatía por algunos ministros.
Nuevo revés para la “Cuarta Transformación” ya que la Corte eliminó el candado que prohíbe a exfuncionarios trabajar en empresas privadas.
Con información de Reforma
JZ
